Un peso más al pasaje y la misma deuda pendiente: seguridad en el transporte público

• Mientras el debate público se centra en el aumento a la tarifa del transporte urbano, mujeres en San Luis Potosí advierten que el costo real de usar el camión no se paga con dinero, sino con la inseguridad que enfrentan a diario.

Por: Jazmín Ramírez García

El incremento de un peso a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí, que pasó de 12.50 a 13.50 pesos, volvió a colocar al camión urbano en el centro del debate público.

Usuarias y usuarios, líderes sociales y autoridades discuten si el ajuste es justo o no frente a la calidad del servicio.

Sin embargo, en medio de ese debate económico, una preocupación persiste y se mantiene prácticamente invisible: la inseguridad que enfrentan las mujeres cada vez que suben a una unidad para ir a estudiar, trabajar o cumplir con actividades básicas de la vida diaria.

Para miles de mujeres potosinas, el transporte público no es solo un medio de movilidad, sino un espacio de riesgo constante.

Miradas insistentes, comentarios sexuales, golpes, robos, miedo a viajar de noche o a quedarse solas en una unidad, son parte de una rutina que se repite todos los días y que no cambia con el ajuste en la tarifa.

“Hablan de si el peso extra afecta o no el bolsillo, pero nadie habla del miedo con el que nos subimos”, relató una estudiante universitaria que utiliza dos camiones diarios para llegar a la escuela.

“Hay rutas en las que prefiero pagar un taxi cuando puedo, porque en el camión no me siento segura, sobre todo en la noche”, explicó Martha quien es madre de familia.

El aumento al pasaje ha sido presentado como una medida necesaria para garantizar la operación del sistema, pero usuarias señalaron que el servicio sigue sin ofrecer condiciones mínimas de seguridad con enfoque de género.

Paradas mal iluminadas, unidades saturadas, ausencia de protocolos ante acoso y operadores sin capacitación continúan siendo parte del paisaje urbano.

De acuerdo con testimonios recabados, muchas mujeres han modificado sus horarios, rutas o incluso su vestimenta para reducir riesgos.

Algunas prefieren viajar acompañadas, aunque eso implique retrasos; otras se bajan antes de su destino para evitar calles solitarias.

Todas coinciden en algo: el precio del pasaje puede subir o bajar, pero la inseguridad permanece intacta.

El transporte público es un espacio clave para garantizar el derecho de las mujeres a la ciudad.

En ese sentido, el debate sobre tarifas debería ir acompañado de políticas integrales que incluyan prevención del acoso, vigilancia efectiva y sanciones claras.

Aunque autoridades han insistido en que el aumento busca mejorar el servicio, usuarias cuestionan que no se hayan anunciado medidas concretas para atender la violencia que viven día a día.

El peso adicional en la tarifa se cobra de manera inmediata.

El costo de la inseguridad, en cambio, se acumula en silencio: en el estrés, en el miedo, en las oportunidades que se pierden.

Mientras la discusión siga centrada únicamente en cifras y no en experiencias, el transporte público seguirá siendo, para muchas mujeres, un trayecto obligatorio cargado de incertidumbre.

Porque al final, en San Luis Potosí, el verdadero debate no es cuánto cuesta el camión, sino cuánto cuesta ignorar la seguridad de quienes lo usan todos los días.