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El acceso al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos nos corresponde


Por: Marite Hernández Correa y Tania Belinda Jiménez Langarica

Que las mujeres, adolescentes y niñas puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva disponibles,

accesibles, asequibles y de calidad, entre ellos, los servicios de interrupción del embarazo,

de anticoncepción y de planificación familiar es fundamental para garantizar su autonomía

y sus derechos sexuales y reproductivos, reconocidos por distintos instrumentos internacionales

y nacionales en materia de derechos de las mujeres.

Belén Sanz, Representante de ONU Mujeres en México.

Hablar del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos es un tema fundamental hoy en día. Pues este derecho tiene distintas aristas y opiniones, pero coincidimos en que hay que analizarlo y defenderlo, aunque cause múltiples posicionamientos y polémicas.


Es pertinente y urgente hacerlo si pretendemos avanzar hacia una sociedad democrática y justa, donde las distintas voces de las mujeres sean escuchadas y tomadas en cuenta, no sólo en el marco jurídico vigente, sino que contribuya a un cambio de mentalidad con respecto de los derechos de las mujeres.


Partimos de la necesidad de abordarlo sin tabúes religiosos o prejuicios a priori, pues no abonan a una discusión que reconozca plenamente un derecho que se vincula tanto con ejercer la autonomía y libertad plena y con el acceso a servicios de salud digna y pública.

La interrupción legal del embarazo implica el reconocimiento de que, la consolidación de los diferentes proyectos de vida de las mujeres, las adolescentes, las niñas, requiere del pleno acceso a todos los derechos sin ser criminalizadas, discriminadas o violentadas.


Decidir sobre nuestros cuerpos es uno de los derechos fundamentales por los que hemos luchado históricamente.


Las mujeres debemos tener ya el derecho a decidir libremente si queremos o no queremos ser madres. Esta decisión debe ser informada, mediante educación sexual, información sobre planificación familiar y métodos de control natal para que sea una elección en libertad.


Así mismo, debemos tener un servicio estatal de salud preparado de manera integral, que nos proporcione la atención médica con los más altos estándares en el cuidado de nuestra salud.


Como sociedad, es fundamental transitar hacia el reconocimiento pleno de nuestros derechos sexuales y reproductivos, sin ser juzgadas por ejercer nuestra libertad y goce de nuestra sexualidad, dejando de asociarla únicamente a la reproducción.


Es decir, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos es un eje para construir una igualdad de género real, que arranque de raíz los estereotipos que nos asignan como mujeres, respetando nuestra toma de decisiones y garantizando el derecho a vivir nuestra sexualidad con plenitud.


Sabemos que la importancia de los derechos sexuales, entre los que comúnmente están: ejercer y disfrutar nuestra sexualidad, decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, manifestar nuestros afectos públicamente, decidir con quiénes nos relacionamos, respetar nuestra privacidad e intimidad, vivir libre de violencias, entre otros, son derechos básicos para una vida digna.


Las mujeres y niñas, conformamos la mitad de la población mundial, sin embargo, seguimos sufriendo de discriminación y violencias tanto en el ámbito público como el privado, que se expresan en actos como violaciones y abusos sexuales e incluso trata con fines de explotación sexual.


La agenda 2030 de desarrollo sostenible propuesta por la ONU, pugna por eliminar las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina, así como el reconocimiento de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, infraestructura y la formulación de políticas de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.


Todos estos aspectos tienen que ver con el bienestar de las mujeres, de nuestros derechos y nuestra autonomía y es responsabilidad del Estado erradicar todas estas formas de violencias.


El Estado debe garantizar y proteger los derechos sexuales y reproductivos, construir una agenda de justicia social para las mujeres, las niñas y adolescentes. Si bien en algunos estados se ha aprobado la interrupción legal del embarazo[1], es urgente que sea aprobado en toda la república para avanzar hacia la garantía de que las mujeres contemos con las condiciones básicas para una vida plena.


La ILE, que es la interrupción en un periodo inicial de gestación por una decisión informada e íntima, es decir no se trata de una decisión sujeta al escrutinio público, se vincula directamente con el libre desarrollo de la personalidad, con la dignidad humana. Implica una ruptura con el sistema patriarcal, machista y misógino en el que se nos mantiene como sujetas de tutela, sometidas, sin proyectos de vida propios.


Si carecemos de este derecho, estamos sosteniendo y reproduciendo relaciones y dinámicas sociales en las que nuestros cuerpos son vistos y utilizados para la satisfacción de los otros, despojándonos de autonomía.


Hoy sabemos que la constitucionalización del derecho a decidir se sustenta en: educación sexual, información, planificación familiar y métodos de control natal, y el acompañamiento. Construyamos una agenda en la que la interrupción legal del embarazo sea uno de los temas prioritarios a discutir, pues sabemos que su negación lleva a graves violaciones a los derechos de las mujeres, tales como acceso a la salud, a la privacidad, e inclusive a malos tratos, y se articula con otras violaciones a nuestros derechos humanos, por ejemplo la violencia obstétrica y los embarazos en las niñas y adolescentes[2].


Si nosotras no podemos decidir sobre nuestros cuerpos, la participación plena e igualdad de oportunidades en los diferentes niveles de decisión, incluida la vida política, nos será vetada o será nula.


El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos debe ser un derecho humano básico, tanto como el derecho a la educación, a un trabajo digno y remunerado, a una vivienda, al trabajo, a la salud.


Motivamos al Congreso del Estado de San Luis Potosí a que reconozca la interrupción legal del embarazo, que escuche la voz de organizaciones, colectivas y colectivos en defensa de los derechos humanos de las mujeres, especialistas médicas, médicos, sociedad civil y reconozca este histórico y fundamental derecho para que las mujeres podemos escalar a una integralidad en el gozo de nuestros derechos y libertades.



Animal Político (2022, 28 de septiembre) Congreso de Durango vota en contra de despenalizar el aborto. Animal Político: https://www.animalpolitico.com/2022/09/congreso-durango-rechaza-despenalizar-aborto/

CILE (2002) Leyes del aborto en cada estado de México 2022. CILE: https://cile.mx/interrupcion-legal-embarazo/marco-legal/leyes-del-aborto-en-cada-estado-de-mexico/

COLMEX (2022) Embarazo temprano en México. Panoramas de estrategias públicas para su atención. El Colegio de México: https://desigualdades.colmex.mx/embarazo/embarazo-temprano-mexico-panorama-estrategias-publicas.pdf

[1] En los estados de: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Colima, Baja California, Coahuila, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur, en esencia se realizaron modificaciones a los Códigos penales, leyes de salud, permitiendo el aborto legal hasta las 12 semanas de gestación. Con ello se da cumplimiento a las discusiones en la materia de la SCJN que en 2021 declaró inconstitucional la criminalización del aborto. (Animal Político, 2022; CILE, 2022) [2] Diariamente alrededor de mil adolescentes entre los 12 y 19 años se convierten en madres en México (COLMEX, 2022)

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