Dolor, lucha y revictimización: a casi tres años, Luz Daniela continúa con la exigencia de justicia por su bebé

Ilustración: Eliane Aguilera

Por: Leticia Vaca

A más de dos años de la pérdida de su hijo, Luz Daniela Martínez Esparza continúa exigiendo justicia. El 13 de noviembre de 2022, una presunta negligencia médica en el Hospital General de Zona N° 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le arrebató a su bebé, con apenas unos días de nacido. Desde entonces, además de enfrentar el dolor por la pérdida, ha vivido un proceso de revictimización institucional.

El 5 de noviembre de 2022, Daniela acudió al hospital del IMSS, donde fue sometida a una cesárea. Posteriormente, se le informó que su bebé había nacido con una malformación anorectal, por lo que requería una cirugía de manera inmediata.

“Durante el 6 y 7 de noviembre, mi hijo permaneció sin alimentación, solo con suero, ya que no me permitieron amamantarlo. Tampoco podía evacuar correctamente, y me dijeron que lo estaban ‘estimulando’ para liberar gases”, relató Luz Daniela.

La cirugía fue pospuesta dos veces, bajo el argumento de que no había un especialista ni el material quirúrgico necesario. El 11 de noviembre, Daniela buscó al director del hospital, pero fue recibida con indiferencia y un trato déspota.

Finalmente, el 12 de noviembre el bebé fue intervenido quirúrgicamente. Hasta antes de la operación, el recién nacido se encontraba en una sala común, no en un área especializada para pacientes críticos. En su última visita antes de la cirugía, Daniela encontró a su bebé ya en cuidados intensivos.

“Su abdomen estaba muy inflamado, con venas verdes visibles y respiración agitada. Pregunté a varios médicos, pero nadie me dio respuestas. Finalmente, me dijeron que habían conseguido un cirujano externo para intervenirlo”, recuerda.

Le informaron que le realizarían una colostomía, y firmó el consentimiento para la anestesia, aun sabiendo que existía el riesgo de paro respiratorio.

“Lo bajaron a quirófano. Tres horas después, una doctora me dijo que ya había sido operado y que el cirujano se había retirado. No me permitieron verlo hasta la visita nocturna. Aún tenía el abdomen inflamado y muchos medicamentos administrados por todo su cuerpo”.

Esa misma noche, alrededor de las 10:00 p.m., el hospital llamó a la familia. Al llegar, les informaron que el bebé había sufrido un paro respiratorio. Intentaron estabilizarlo y colocaron un catéter para suministrarle medicamentos, pero durante el procedimiento sufrió un segundo paro y luego un tercero que terminó con su vida.

“Nos dijeron que su corazón ya no resistió. No nos permitieron despedirnos. Noté sangre en la sonda de su nariz. Entré en estado de shock. Poco después me entregaron el acta de defunción, la cual no especificaba la causa de muerte. Me negué a firmarla, pero una enfermera me dijo que no me entregarían el cuerpo si no lo hacía”.

Ante la negativa de entregarle el cuerpo de su bebé, Daniela presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual quedó registrada en la carpeta CDI/FGE/D01/38909.

Años de revictimización y lucha por la reparación del daño

Además del dolor por la pérdida, Luz Daniela ha enfrentado un proceso de revictimización institucional. Señala que desde el IMSS se ha protegido a los y las posibles responsables de la muerte de su hijo.

En 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación en la que se acreditan violaciones a los derechos a la salud, a la vida, al principio del interés superior de la niñez, al acceso a la información médica y al proyecto de vida de los padres. En dicha recomendación, se identificó como responsables a seis servidores públicos del hospital por negligencia médica y por fallas en la atención oportuna.

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), en la carpeta: FED/SLP/0000935/2024; sin embargo, a casi tres años de los hechos, Luz Daniela sigue sin obtener respuestas ni justicia.

La reparación del daño, una vía para la justicia

La abogada de Luz Daniela ha señalado que se exige una investigación pronta y efectiva, que permita identificar, procesar y sancionar a todos los y las responsables, además de esclarecer los hechos y garantizar una reparación integral del daño.

“Enfrentar un sistema de justicia negligente, elitista y profundamente burocrático, donde la justicia parece estar reservada para unos cuantos, es una lucha constante para las víctimas invisibilizadas del Estado. Es una forma de resistencia frente a la violencia sistémica y las omisiones institucionales”, denunció.

Añadió que, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, la reparación del daño debe ser oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva.

“Para las víctimas, denunciar estos actos nunca ha sido ni será un espectáculo. Cada espacio público se convierte en un escenario de lucha y resistencia, una plataforma para evidenciar los fallos del Estado, la impunidad, la injusticia y las desigualdades que persisten de múltiples formas”.