CNDH impugna reformas penales sobre inteligencia artificial aprobadas por el Congreso de SLP

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra recientes reformas al Código Penal del Estado de San Luis Potosí que tipifican delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial.

El recurso fue promovido por la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, y cuestiona la validez de los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter, publicados el 18 de noviembre de 2025 en el Periódico Oficial del Estado. Dichas disposiciones aprobadas por el Congreso de San Luis Potosí, sancionan, entre otras conductas, el uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial, la difusión dolosa de desinformación y la supuesta manipulación institucional a través de contenidos creados con esta tecnología.

De acuerdo con la CNDH, los tipos penales impugnados vulneran diversos derechos y principios constitucionales, entre ellos la seguridad jurídica, la libertad de expresión y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. El organismo sostiene que las normas contienen conceptos ambiguos e imprecisos que impiden a las personas conocer con claridad qué conductas están prohibidas, lo que abre la puerta a aplicaciones arbitrarias.

El organismo también advierte que el Congreso de San Luis Potosí recurrió de manera desproporcionada al derecho penal, al criminalizar conductas que no requieren la acreditación de un daño real, sino únicamente la posibilidad de un riesgo, lo que —a su juicio— contraviene el principio de mínima intervención o ultima ratio.

Otro de los señalamientos centrales es que las disposiciones podrían inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información, especialmente en entornos digitales, al generar un efecto disuasivo sobre actividades periodísticas, académicas, artísticas o de crítica política, pese a que formalmente se contemplan excluyentes de responsabilidad.

La CNDH subraya que, si bien reconoce la necesidad de regular el uso de nuevas tecnologías y atender los riesgos que conllevan herramientas como los llamados deepfakes, dicha regulación debe ser cuidadosa y compatible con los derechos humanos, evitando respuestas punitivas desproporcionadas.

Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine si las reformas impugnadas se ajustan o no al marco constitucional y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte.

Consulta la impugnación en: https://www.cndh.org.mx/tipo/209/accion-de-inconstitucionalidad