Violencias, omisiones y riesgos persistentes: una década de fallas en la protección a periodistas y personas defensoras en San Luis Potosí

En San Luis Potosí, ejercer el periodismo o defender derechos humanos continúa siendo una actividad de alto riesgo. Agresiones, amenazas, criminalización y una política pública insuficiente marcan las condiciones de trabajo de quienes informan o acompañan luchas sociales, según revela el diagnóstico “Informar y defender derechos en SLP: entre simulación, avances y riesgos”, elaborado por Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) y publicado en noviembre de 2025.

El documento, que analiza la última década (2013-2023), evidencia que las instituciones estatales encargadas de proteger a periodistas y personas defensoras carecen de protocolos claros, registros públicos confiables y criterios homologados para documentar agresiones. La consecuencia, advierte, es un panorama de impunidad y vulnerabilidad.

Un contexto marcado por agresiones graves y ausencia de justicia

Uno de los casos más emblemáticos es el del fotoperiodista Édgar Daniel Esqueda Castro, desaparecido y asesinado en 2017, pese a haber denunciado meses antes hostigamiento por parte de elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado. El diagnóstico recupera que las autoridades incurrieron en irregularidades como falta de actos clave de investigación, un inadecuado procesamiento de indicios y la ausencia de reconocimiento formal de la labor periodística de la víctima como línea de investigación central.

A más de seis años de los hechos, no hay personas sentenciadas ni procesadas por el crimen, y la carpeta continúa en la Fiscalía General del Estado luego de que la FEADLE declinara atraer el caso, pese a los señalamientos contra agentes estatales. Para Educiac, este caso “resume el cúmulo de omisiones, negligencias e incluso violencias cometidas por la autoridad cuando se trata de garantizar la vida y seguridad de quienes informan”.

Otro caso emblemático es el de Jazmín Adela Alcaraz López, periodista desaparecida en 2012 en Rioverde después de documentar una detención presuntamente ilegal. Aunque su ficha de búsqueda fue reactivada en 2023, la investigación permanece estancada desde hace más de una década.

Una política estatal sin registro claro ni criterios de transparencia

El diagnóstico expone que la Unidad Estatal de Protección (UEP) y el Mecanismo estatal registraron 133 atenciones entre 2015 y 2023; sin embargo, no existen versiones públicas que indiquen el tipo de agresiones, regiones afectadas, actores señalados o seguimiento otorgado a cada caso. La ausencia de datos, advierte Educiac, impide “tener claridad sobre los patrones de violencia, así como diseñar políticas de prevención y atención basadas en evidencia”.

La Ley Estatal de Protección establece que deben recabarse estadísticas sobre violaciones a la libertad de expresión, y propone que los integrantes del Mecanismo generen adecuaciones normativas y de política pública. No obstante, el documento señala que estas obligaciones no se han materializado debido a falta de lineamientos internos y voluntad política suficiente.

Casos rechazados y criterios restrictivos

Desde su instalación en 2021, el Mecanismo estatal ha recibido cuatro solicitudes de incorporación, de las cuales solo una fue admitida. Entre las rechazadas destaca la de una comunera de San Juan de Guadalupe y la de un defensor de la Sierra de San Miguelito, ambos con antecedentes de amenazas, hostigamiento y ataques vinculados a la defensa del territorio.

En uno de los testimonios recuperados en el diagnóstico, un defensor relata que “el comité decidió que no encuadraba como defensor de derechos humanos en materia ambiental”, pese a la naturaleza de su labor y a los riesgos documentados. Educiac advierte que esto contraviene estándares internacionales, que establecen que cualquier persona que promueva derechos humanos —formal o informalmente— es considerada defensora