Presentan diagnóstico ciudadano que revela fallas estructurales en la política de protección a periodistas y personas defensoras en SLP

La organización Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) presentó los resultados del ejercicio “Enraizando redes de prevención”, un monitoreo ciudadano que evidencia profundas deficiencias en la política estatal de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como la ausencia de medidas preventivas efectivas en la entidad.

El proyecto, financiado por la Embajada de Suiza en México, se desarrolló entre agosto y noviembre de 2025 a través de un Grupo Ciudadano de Trabajo conformado por 33 periodistas, defensoras, defensores y personas de comunidades e instituciones de San Luis Potosí, quienes durante cinco sesiones y dos eventos públicos analizaron el funcionamiento del Mecanismo Estatal de Protección y las atribuciones de la Unidad Estatal establecidas en la Ley publicada en 2021.

Un contexto de violencia persistente y minimización institucional

El informe señala que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo: más de 165 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, mientras que 177 personas defensoras han sido privadas de la vida desde 2016. En San Luis Potosí, los riesgos incluyen amenazas, hostigamiento, campañas de difamación, vigilancia digital e incluso asesinatos, en un entorno donde las autoridades suelen minimizar los peligros y reproducir narrativas que deslegitiman la labor crítica de periodistas y defensoras. Enraizando redes de prevención.

El monitoreo advierte que esta minimización institucional genera opacidad, obstaculiza la prevención de agresiones y limita la efectividad de las políticas públicas destinadas a garantizar la seguridad y la libertad de expresión.

Un Mecanismo Estatal sin recursos, sin información pública y sin enfoque preventivo

De acuerdo con el diagnóstico, el Mecanismo Estatal de Protección opera con vacíos institucionales, presupuestales y de voluntad política, sin generar información pública sobre riesgos ni cumplir cabalmente con sus atribuciones, como la elaboración de monitoreos, informes trimestrales o programas de prevención. Las solicitudes de información enviadas por el Grupo Ciudadano no fueron respondidas en los tiempos establecidos. Enraizando redes de prevención.

Además, el presupuesto estatal no contempla recursos específicos para medidas preventivas, y la composición del Mecanismo —dominada por representantes gubernamentales— limita la participación efectiva de periodistas y defensoras en la toma de decisiones.

Metodologías participativas para visibilizar experiencias y necesidades

El ejercicio de monitoreo se sustentó en entrevistas semiestructuradas, mapeo de medios, solicitudes de información y cartografías sociales-territoriales. Estos instrumentos permitieron documentar experiencias de riesgo, desconocimiento de la política estatal, ausencia de atención oportuna y falta de medidas estructurales de prevención. Enraizando redes de prevención.

El análisis del ecosistema mediático incluyó 56 notas periodísticas locales, nacionales e internacionales publicadas entre 2020 y 2025, que revelaron tres tendencias: narrativas de derechos humanos, discursos de criminalización y coberturas centradas en posicionamientos oficiales.

Recomendaciones: fortalecer la prevención, garantizar participación y romper el círculo de impunidad

El Grupo Ciudadano de Trabajo emitió una serie de recomendaciones dirigidas a operadores de la política estatal, medios de comunicación y personas sujetas a la Ley. Entre las principales destacan:

• Implementar medidas de prevención reales, no sólo capacitaciones o diplomados.

• Generar información pública periódica sobre riesgos y agresiones.

• Dotar de presupuesto específico al Mecanismo Estatal de Protección.

• Incorporar enfoques de género, territorial, psicosocial e intercultural en la elaboración de medidas.

• Reconocer la diversidad de quienes ejercen el periodismo y la defensa de derechos, y garantizar su incorporación sin interpretaciones restrictivas.

• Fomentar la participación efectiva de periodistas y defensoras en la toma de decisiones. Enraizando redes de prevención.

Un llamado urgente

El informe concluye que la política estatal de protección continúa operando desde un enfoque reactivo, atendiendo agresiones ya consumadas, sin apostar por la prevención ni por la generación de condiciones seguras para el ejercicio del periodismo y la defensa de derechos humanos. Fortalecerla, señala el documento, es indispensable para garantizar un efectivo Estado de Derecho en San Luis Potosí. Enraizando redes de prevención_…