Realidades de las Niñeces en San Luis Potosí: un diagnóstico revela violencia sistemática y brechas en la protección (2020–2025)
- La Rata
- hace 7 horas
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Fotografía retomada de Facebook de Apoyare A.C
La violencia contra niñas, niños y adolescentes en el estado es sistemática, persistente y profundamente normalizada. Así lo confirma el diagnóstico “Realidades de las Niñeces en San Luis Potosí, retos a 36 años de la Convención sobre los Derechos del Niño”, elaborado por Apoyare A.C. y Shakti, Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, como parte del proyecto Espacios Seguros y Libres de Violencias.
El informe, construido a partir del análisis de 1,258 notas periodísticas, 100 solicitudes de información y un cuestionario aplicado a 344 niñas y niños, revela que la distancia entre el marco jurídico y la vida cotidiana de las niñeces continúa siendo profunda y estructural.
Violencias crecientes: 9,853 carpetas abiertas en cinco años
Entre 2020 y 2025, la Fiscalía Especializada de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales registró 9,853 carpetas de investigación con víctimas menores de edad. Los delitos más frecuentes fueron: violencia familiar (3,707 casos), abuso sexual (1,351), violación (1,181), incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar (1,262) y estupro (495).
Solo el 3.5% de estas carpetas llegó a judicialización, lo que —según el informe— evidencia un “cuello de botella estructural” en el acceso a la justicia para las infancias.
Violencia sexual: dos denuncias diarias durante cinco años
El diagnóstico advierte que la violencia sexual es un problema público sostenido. Tan solo en la Primera Delegación de la Fiscalía se iniciaron 3,024 carpetas por delitos sexuales contra niñeces, equivalentes a dos nuevas denuncias cada día.
Las principales víctimas son niñas y adolescentes mujeres. El cuestionario aplicado en una primaria muestra que 7.3% de las y los estudiantes ha sufrido tocamientos u otras formas de abuso sexual, muchos desde los seis años. Los agresores, en su mayoría, fueron hombres cercanos: padres, hermanos, tíos o primos.
Casi la mitad de las víctimas refirió que se les pidió guardar el secreto; 28% fueron amenazadas, y 60% sintió miedo de que les pudieran hacer daño.
Familia y escuela: los espacios de mayor riesgo
El análisis periodístico muestra que ocho de cada diez casos ocurren dentro de los hogares. Los municipios con mayor incidencia son San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles; las zonas más afectadas: la Centro y la Huasteca. Las edades con más registros son entre 5 y 14 años.
En las escuelas, la CEDH documentó 53 quejas por bullying y violencia estudiantil entre 2024 y 2025, aunque el subregistro es significativo. Se identificaron casos graves de violencia sexual en primaria, telesecundaria, bachillerato y universidad.
El cuestionario escolar reveló que la violencia física sigue normalizada:
4 de cada 10 niñas y niños dijeron sufrir agresiones físicas en casa.
42.7% señaló recibir golpes, principalmente de madre o padre.
69.2% considera “normal” ser golpeado si desobedece; 54.1% cree que lo merece si falta al respeto; 38.7% si obtiene malas calificaciones.
Desapariciones y violencia comunitaria en aumento
Los registros de Alerta Amber reportan 991 niñas, niños y adolescentes no localizados y 871 carpetas por desaparición en el periodo analizado. La mayoría de las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres.
Brechas institucionales: falta de datos, coordinación y capacidad
El informe identifica problemas estructurales en el sistema estatal de protección:
Información incompleta o inexistente. El Poder Judicial no genera estadísticas sobre guarda y custodia, pérdida de patria potestad, regulación de visitas, medidas de protección ni intervenciones de la Procuraduría de Protección.
Baja investigación y judicialización. Solo 347 carpetas fueron judicializadas; la Fiscalía reporta insuficiencia de recursos, agravada desde 2025.
Falta de articulación en la ruta de protección. La Procuraduría intervino en apenas 1,063 casos en cinco años.
Ausencia de políticas basadas en datos. La carencia de registros desagregados limita el diseño de estrategias efectivas.
Medios: cobertura adultocéntrica y lenguaje impreciso
El análisis de 857 notas periodísticas evidenció un uso extendido del término “menores”, así como la generalización de todos los delitos sexuales bajo la categoría “abuso”. También documenta narrativas que responsabilizan implícitamente a las víctimas o minimizan los hechos.
Capacidad municipal insuficiente
De 65 solicitudes enviadas a ayuntamientos y DIF municipales, la mayoría no respondió o entregó información incompleta. Los pocos datos disponibles muestran falta de personal especializado, ausencia de programas de prevención y criterios dispares para atender casos de violencia.
Los ámbitos críticos
El diagnóstico identifica seis áreas urgentes:
Violencia sexual en familias, escuelas y comunidades.
Violencia familiar física, normalizada.
Falta de protocolos escolares efectivos.
Acceso limitado a justicia y acompañamiento especializado.
Subregistro generalizado.
Presupuestos inestables para instituciones de protección.
Propuesta de reforma: Unidades Escolares de Prevención y Atención
Como parte de los resultados del diagnóstico, Apoyare A.C. y Shakti impulsan una iniciativa de ley para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de San Luis Potosí, con el fin de crear Unidades Especializadas en las escuelas del estado.
Estas unidades no implican nueva burocracia, sino fortalecer estructuras existentes
mediante equipos multidisciplinarios —psicología, trabajo social, pedagogía— capaces de:
Identificar señales tempranas de violencia
Aplicar diagnósticos
Dar primeros auxilios psicológicos
Canalizar a instituciones competentes
Registrar datos confiables
Coordinar la actuación interinstitucional
El objetivo es claro: que ninguna niña o niño permanezca invisible ante la violencia y que las escuelas se conviertan en espacios realmente seguros y preventivos.
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