Violencia obstétrica: el parto como espacio de desigualdad y vulneración de derechos

Por: Zahira Moreno Terán

En San Luis Potosí, casi cuatro de cada 10 mujeres que tuvieron un parto o cesárea reportaron haber vivido algún tipo de maltrato durante la atención obstétrica, de acuerdo con la ENDIREH 2021. La cifra colocó al estado con la mayor prevalencia del país.

Gritos, jaloneos, comentarios machistas, procedimientos sin consentimiento y decisiones tomadas sobre el cuerpo de las pacientes son algunas de las formas en que puede presentarse la violencia obstétrica, una problemática que no siempre es reconocida por quienes la viven.

Para Kassandra Daniela Ríos González, licenciada en Enfermería y maestra en Derechos Humanos, el problema también está relacionado con una relación desigual entre el personal médico y las mujeres que llegan a recibir atención.

“Hay una relación de saber-poder”, explicó, al señalar que muchas pacientes consideran que el médico o la médica siempre tiene la razón porque es quien posee el conocimiento sobre el proceso de parto.

Una violencia que puede pasar desapercibida

El acercamiento de Ríos González al tema comenzó durante los últimos semestres de su formación en Enfermería, vinculados con la atención materno-infantil. Con la llegada de la pandemia de COVID-19, dejó de realizar prácticas y posteriormente hizo su servicio social en el área de investigación, donde desarrolló, junto con una docente, un estudio sobre violencia obstétrica durante la emergencia sanitaria. Más adelante, durante su maestría en Derechos Humanos, continuó investigando el fenómeno desde la perspectiva de estudiantes del área de la salud.

A partir de sus investigaciones identificó que la violencia obstétrica puede presentarse mediante abuso físico, verbal y procedimientos realizados sin consentimiento.

Entre los testimonios que recopiló encontró mujeres que hablaron de jaloneos durante la atención del parto, así como comentarios machistas y misóginos por parte del personal de salud.

También señaló la existencia de procedimientos que pueden realizarse sin una justificación médica o sin que la paciente haya dado su consentimiento. Entre ellos mencionó intervenciones durante el parto y cesáreas que pueden realizarse para acelerar los procesos dentro de las instituciones.

Pero no siempre las mujeres identifican estas prácticas como violencia.

La razón, explicó, es que muchas llegan a los hospitales confiando en que el personal médico sabe qué es lo mejor para ellas. Esa relación de autoridad puede hacer que acepten determinadas decisiones sin cuestionarlas.

El derecho a decidir sobre el propio parto

Desde los derechos humanos, la violencia obstétrica puede afectar la autonomía y libertad de las mujeres, además de vulnerar derechos relacionados con la igualdad, la no discriminación y una vida libre de violencia.

Ríos González explicó que las mujeres deben poder participar en las decisiones sobre su trabajo de parto siempre que las condiciones de salud lo permitan.

Esto no significa rechazar las intervenciones médicas cuando son necesarias. Si existe una condición que requiere una cesárea u otro procedimiento, éste puede ser indispensable. El problema aparece cuando se toman decisiones sin una justificación médica suficiente o sin explicar a la paciente qué se realizará.

La discriminación también puede aparecer en la atención de mujeres indígenas o provenientes de otros municipios, señaló la especialista.

Frente a ello, una atención humanizada implica escuchar a las pacientes y respetar sus decisiones. También contempla que puedan estar acompañadas durante el trabajo de parto, cuando las condiciones lo permitan, así como favorecer el contacto temprano con sus bebés y la lactancia.

“Estamos tratando con personas”, señaló Ríos González, al recordar que cada parto representa un proceso humano y no simplemente un procedimiento que debe repetirse dentro de una institución.

Capacitar para no repetir la violencia

Para la especialista, una de las principales acciones para prevenir la violencia obstétrica debe comenzar desde las universidades.

Durante su investigación con estudiantes y recién egresados de medicina del estado, encontró que muchos desconocían incluso qué significaba el concepto de violencia obstétrica. Por ello, consideró necesario que las carreras del área de la salud incluyan formación en derechos humanos y perspectiva de género.

La capacitación, dijo, tampoco debería terminar cuando una persona obtiene su título profesional.

“Trabajamos con personas y tenemos que ver también cuestiones sociales”, sostuvo. El reto también implica cuestionar un modelo médico en el que el personal de salud concentra las decisiones y el parto puede terminar viéndose desde una lógica de productividad.

Para Ríos González, modificar ese modelo requiere tiempo, pero existen acciones que pueden comenzar desde ahora, como capacitar al personal y transformar los contenidos con los que se forman los futuros profesionales de la salud.

No ocurre solamente en hospitales públicos

La violencia obstétrica no es exclusiva de los hospitales públicos.

De acuerdo con las investigaciones de Ríos González, en las instituciones públicas encontró testimonios relacionados con gritos, jaloneos y comentarios machistas o misóginos, en contextos donde también existe una alta saturación hospitalaria.

En los hospitales privados, explicó, también pueden presentarse otras formas de violencia relacionadas con factores económicos y con procedimientos que no necesariamente responden a las condiciones de salud de la paciente.

Los datos de la ENDIREH 2021 muestran la dimensión del problema. En San Luis Potosí, 38.9 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto o cesárea en los cinco años anteriores a la encuesta reportó haber experimentado algún tipo de maltrato durante la atención obstétrica.

La cifra colocó a San Luis Potosí como la entidad con mayor prevalencia de maltrato obstétrico registrada por la encuesta.

¿Qué puede hacer una mujer?

Cuando una mujer considera que sufrió violencia obstétrica, Ríos González recomendó acudir a las instancias correspondientes dentro de la institución donde recibió atención, como las áreas administrativas o la dirección médica.

También mencionó la posibilidad de recurrir a organismos de arbitraje médico y a las comisiones de derechos humanos, dependiendo de las características de cada caso. Pero la responsabilidad de prevenir estas prácticas no debe recaer únicamente en las pacientes.

También corresponde al personal de salud y a las instituciones revisar la manera en que se brinda la atención, capacitarse y reconocer que el parto no es solamente un proceso médico.

Para Ríos González, las herramientas técnicas no son suficientes. El personal de salud también necesita conocimientos sociales y de derechos humanos para comprender que detrás de cada atención hay una persona que atraviesa uno de los procesos más importantes de su vida.

Hablar de violencia obstétrica, concluyó, es también hablar de derechos humanos. Y reconocerla es el primer paso para dejar de normalizarla.