Foto: CIMAC Noticias.
“La mujer debe escribirse a sí misma: debe escribir sobre las mujeres
y llevarlas a la escritura, de donde han sido expulsadas tan
violentamente como de sus cuerpos, por las mismas razones, por la
misma ley, con el mismo objetivo fatal. La mujer debe ponerse en el
texto, como en el mundo y en historia, por su propio movimiento”.
Héléne Cixous[1]
Por: Marite Hernández Correa.
Es una realidad, las mujeres atravesamos diversas opresiones como las demás clases subalternas al ejercer nuestros derechos en la vida social, y la política es muestra de ello; ocasionadas por el capitalismo, el patriarcado y la colonialidad del saber, como lo aduce las heterogéneas teorías del conflicto y autores como Souza Santos.
Estas violencias y opresiones son históricas, pues conllevan procesos de larga data que implican la invisibilización de nuestros derechos, acallar nuestras voces y sentires, degradar nuestra dignidad en los espacios públicos, empresariales y de negocios, no reconociendo nuestros aportes intelectuales, laborales, sociales, económicos, políticos, minimizando a cada paso nuestros proyectos.
Históricamente hemos sido recluidas al espacio privado, al hogar, a la maternidad, a los cuidados, privándonos de proyectos de vida autónomos que impliquen nuestro acceso al derecho a la educación con perspectiva de género, a la salud, a las políticas de empleo, como unos de los derechos llave que nos abrirán la puerta al ejercicio de la independencia económica, sexual, laboral, política, espiritual.
Es lamentable que seguimos viviendo casos tan indignantes donde se nos priva en espacios públicos de nuestras libertades, de nuestros bienes, de nuestras remuneraciones, de nuestros cargos o encargos.
Es necesario seguir levantando la voz ante las injusticias de las que somos sujetas, se nos sigue privando de nuestra vida por ser mujeres, como uno de los actos más atroces que seguimos padeciendo en nuestras sociedades, dato que solo hemos convertido en estadísticas, en discursos simuladores y vacíos, en legitimar presupuestos y acciones públicas decorativas, es por eso que la lucha por los derechos de las mujeres debe ser subversiva, beligerante, denunciar, no callar, andar sin miedo al qué dirán, ser sensibles ante las injusticias y empoderarnos en la acción desde nuestras distintas trincheras, reivindicando nuestros papel como sujetas plenas.
La cultura del patriarcado se atreve todavía a suponer que somos sujetas de segunda clase, sujetas de su tutela, sin plenitud de derechos y libertades, es decir, se nos sigue considerando complemento, esclavas y no sujetas plenas de inteligencias, de libertad, en distintos espacios políticos se nos sigue minimizando, violentando y maltratando.
Son múltiples los obstáculos para poder ejercer nuestros derechos en la vida pública, la violencia política sigue siendo uno de los retos constantes que atravesamos las mujeres al tratar de participar en la vida partidaria, en la administración pública, en el ámbito empresarial, el ámbito académico y laboral, siguen siendo espacios patriarcales, misóginos, violentos y discriminatorios para las mujeres que intentamos abrirnos camino en la vida pública, porque persiste la política del agandalle, del nepotismo y las violencias sistemáticas hacia nuestros derechos y nuestros cuerpos.
En el ámbito local potosino, la violencia política hacia las mujeres en razón de género, desde su descripción teórica consiste en toda acción u omisión dirigida a una mujer, por el hecho de ser mujer, que obstaculiza o anula el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos políticos en lo general y político-electorales en lo particular, o en el ejercicio de su encargo.
De acuerdo con el precedente de la justicia Interamericana, los derechos políticos tienen un alcance, al derecho al voto, al ser votada, pero también al derecho a ser tomadas en cuenta en las nodales decisiones de nuestros distintos entornos sociales.
Sabemos que la ley otorga facultades al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), para investigar casos de violencia política de las mujeres, es decir, aquellas que participan internamente en partidos políticos, o ya sea, que fueron elegidas en las urnas, noción que reduce en su complejidad la violencia política hacia las mujeres en razón de género, pues el campo político va más allá de la arena política-electoral, porque hay que tener en cuenta, que se producen violencias hacia las mujeres que no han sido elegidas en procesos electorales y son violentadas en sus diversos espacios políticos.
Tenemos dos ejemplos contundentes para hacer visible la violencia política hacia las mujeres en razón de género, el caso últimamente mencionado en medios de comunicación, las distintas violencias en contra de la Licenciada Fernanda Álvarez Montejano, presidenta de jóvenes Canaco San Luis Potosí, que abrió la cloaca patriarcal, violenta, machista y misógina que ella directamente ha padecido al interior del organismo empresarial, llegando hasta lo absurdo de despojarla de la dirección de jóvenes, con argumentos que no pueden ser otros más que, obstaculizar el derecho que tiene a ejercer un cargo de dirección dentro del organismo privado y desarrollar en plena libertad y sin violencias un derecho que a ella le asiste, ejemplo que vergonzosamente nos indica que la lucha de los derechos de las mujeres no debe cesar, y que tenemos todo el derecho de seguir pugnado por ejercer la política sin violencias, para nosotras y las futuras generaciones.
Sabemos que las violencias no solo son físicas, patrimoniales, económicas, simbólicas que deben ser arrancadas de raíz para que nadie más padezca la vulneración a su dignidad.
En ese sentido, habría que ampliar las facultades del CEEPAC en el estado de San Luis Potosí, realizar reformas que reconozcan las diversas formas de otras violencias, extender la facultad no solamente a la violencia político/electoral, sino también donde las mujeres son receptoras de violencias cuando desempeñan sus encargos, direcciones políticas, o las mujeres que realizan su labor política en el ámbito privado, empresarial o en el propio activismo político, comunitario, incluso en el periodismo.
En este caso, de la labor periodística, las mujeres al ejercer su oficio no son la excepción, uno de ellos entre varios que conocemos, la periodista independiente Ana Dora, que fue violentada por otro periodista en contra de su trabajo y persona.
Caso donde parece que la justicia es inalcanzable, donde se toma como un caso sin trascendencia o importancia, donde el mensaje de fondo es que las violaciones a nuestros derechos ni siquiera merecen ser discutidos en el escenario público.
Buscar resarcir los daños, como siempre, se minimiza y se trata de seguir revictimizando no reconociendo los enormes daños a su integridad, reconocer el daño tan brutal que se causa a las mujeres, para que sean actos que no debemos permitir se repitan al dejarlos sin justicia, como sociedad estamos siendo permisibles y dando el mensaje que la vida de las mujeres no le importan a la sociedad y lo que juega es seguir manteniendo los privilegios masculinos y patriarcales que siguen en todo momento acallando nuestras voces y proyectos.
Los derechos están interconectados, es decir, no es más importante uno que otro, y están en constante interrelación para su cumplimiento pleno, por eso debemos seguir pugnando en todos los espacios que nos encontremos por recuperar nuestra voz, proyectos de vida y derechos, sucumbir al canto del patriarcado del que están comprometidos con los derechos políticos de las mujeres, debemos subvertir el orden y participar rompiendo los viejos moldes que nos atan, empoderarnos con sabiduría al papel digno que merecemos y que otras han luchado.
A sabiendas que existe una supremacía masculina y toda una estructura de poder y de saber empecinada en simular el acceso pleno de nuestros derechos. En donde además, al hecho de ser mujeres nos atraviesan otros factores, ser jóvenes, indígenas, la clase, si se es adulta mayor, pobres, tener una discapacidad, todos estos elementos en la vida real se vuelven desventajas, discriminaciones y violencias que imposibilitan el ejercicio de nuestros derechos en la esfera pública.
Las mujeres que desarrollan sus actividades en ámbitos políticos, académicas, empresarias, ciudadanas, debemos seguir impulsando, junto con otros actores sensibles a los mismos requerimientos de las mujeres, respecto de cambios y agendas afines a los estudios de la diversidad de las teorías del género, plantadas en la tierra y poder contribuir a una política con ética, con principios colectivos, que defiendan y reivindiquen nuestro ser, seres humanas, inteligentes, rebeldes, amorosas, desobedientas, solidarias. Con una fuerza interna, que nos impulse a seguir creyendo y luchando por un mundo, una patria justa, igualitaria y sin violencias.
[1] Fornet, María (2018). Feminismo Terapéutico. Psicología para mujeres que buscan su propia voz. Urano. 2da. Edición. Pág. 181.
