La inclusión laboral que no cruza la puerta

Por: Adrián Barrios

En México, la discriminación en el empleo está prohibida. Existen leyes nacionales y compromisos internacionales que reconocen el derecho al trabajo en condiciones de igualdad. En el papel, nadie debería ser excluida o excluido por su identidad, su condición o su origen. En la realidad, ese derecho sigue sin llegar a muchas personas.

Esto es especialmente evidente en el caso de la población trans y no binaria. A pesar de los avances normativos y del discurso institucional sobre inclusión, acceder a un empleo formal, estable y que garantice los derechos laborales, continúa siendo una de las principales barreras. La exclusión no suele ser abierta ni explícita, pero está presente desde el primer filtro y se mantiene a lo largo de toda la vida laboral.

En San Luis Potosí, como en otras entidades, se habla de igualdad de oportunidades y de combate a la discriminación. Sin embargo, estas declaraciones rara vez se traducen en políticas laborales que garanticen el acceso real al empleo para personas trans. El derecho existe, pero su cumplimiento es irregular y, muchas veces, inexistente.

Con frecuencia se intenta explicar esta exclusión a partir de la falta de preparación. Se asume que el problema es no contar con estudios suficientes o experiencia laboral. No obstante, esta narrativa se cae cuando se observa que incluso personas trans con licenciaturas, maestrías y trayectorias profesionales sólidas continúan siendo rechazadas. El mérito académico no elimina los prejuicios ni desmonta las barreras estructurales.

La exclusión laboral rara vez se nombra como tal. Aparece disfrazada de criterios “objetivos”: que no se ajusta al perfil, que el ambiente laboral es complicado, que la institución no está preparada. Se repite que las reglas son iguales para todas las personas, sin reconocer que partir de condiciones desiguales hace que esa supuesta igualdad termine reproduciendo la exclusión.

Esta dinámica no afecta únicamente a la población trans. Personas con discapacidad, personas migrantes, mujeres y otras poblaciones históricamente excluidas enfrentan obstáculos similares para acceder al empleo formal. Cambian los argumentos visibles, pero el resultado es el mismo: quedan fuera o son empujadas hacia trabajos precarios, sin estabilidad ni derechos.

Esta exclusión se vuelve aún más profunda cuando se vive como persona adulta mayor. A la discriminación por identidad o condición se suma el edadismo, que asume que ciertas personas ya no son productivas, que no se adaptan o que “ya tuvieron su oportunidad”.

Para personas trans adultas mayores, el acceso al empleo no solo es limitado: muchas veces es prácticamente inexistente. El mercado laboral las descarta dos veces, mientras las políticas públicas siguen sin nombrarlas.

Aquí es donde las acciones afirmativas cobran sentido. No se trata de otorgar privilegios, sino de corregir desigualdades que el trato idéntico no resuelve. En materia laboral, estas acciones implican políticas de contratación incluyentes, ajustes razonables, condiciones para la permanencia y oportunidades reales de desarrollo profesional. Su ausencia no es neutral; tiene consecuencias concretas en la vida de las personas.

El problema no es la falta de legislación. El problema es que la inclusión laboral sigue tratándose como un gesto opcional y no como una obligación del Estado y de las instituciones. Mientras no existan mecanismos claros que garanticen empleos reales, salarios dignos y entornos laborales accesibles, el derecho al trabajo seguirá siendo incompleto.

Tener un empleo no es solo contar con un ingreso. Es acceder a seguridad social, autonomía y posibilidad de proyecto de vida. Cuando el acceso al trabajo se niega de manera sistemática, otros derechos también se ven afectados y la desigualdad se profundiza.

La pregunta entonces no es si la discriminación está prohibida, sino por qué, a pesar de ello, las personas trans y no binarias, —y otras poblaciones históricamente excluidas, especialmente en la vejez— siguen quedando fuera del mercado laboral. Porque cuando un derecho existe en la ley, pero no en la vida cotidiana, deja de ser un derecho y se convierte en una promesa que nunca cruza la puerta.