A un año de la despenalización del aborto en San Luis Potosí, colectivas advierten falta de acceso real al servicio

A un año de la histórica despenalización de la Interrupción Legal, Voluntaria e Informada del Embarazo (ILE) en San Luis Potosí, la Colectiva ILE y organizaciones feministas como Nueva Luna A.C., Praxis Combativa y el Frente Marea Verde celebraron el avance legal, pero denunciaron que el acceso real al servicio sigue enfrentando graves obstáculos en los hospitales públicos del estado.

En el marco del aniversario de esta conquista feminista, la Colectiva ILE presentó algunos resultados que incluye solicitudes de información a los Servicios de Salud del Estado y visitas directas a hospitales de la zona metropolitana, con el objetivo de verificar la prestación del servicio de aborto legal.

Cifras oficiales vs. realidad en los hospitales

El estudio revela un fuerte contraste entre los datos oficiales y la práctica médica. Según la respuesta de transparencia recibida el 22 de octubre, los Servicios de Salud reportaron únicamente nueve hospitales y unidades médicas que brindan el servicio de ILE en toda la entidad, aunque a nivel federal se ha informado que el ISSSTE cuenta con al menos nueve unidades y un hospital general con este servicio.

“Esto implica que nueve de las diez unidades que se anuncian oficialmente podrían no estar brindando la atención, dejando sin acceso real a mujeres y personas gestantes de al menos nueve municipios”, expuso la colectiva.

Además, las integrantes de la colectiva documentaron que en el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, adscrito al sistema IMSS-Bienestar, el personal médico reconoció no realizar interrupciones voluntarias del embarazo debido a que la mayoría de trabajadores se declararon objetores de conciencia.

“Nos refirieron al Hospital del Niño y la Mujer, pues, según su conocimiento, era el único donde se brindaba el servicio a personas sin seguridad social”, añadieron.

En cuanto al número de personal objetor de conciencia, los datos oficiales muestran que en el Hospital General de Ciudad Valles, 10 de 17 profesionales se declararon objetores. En total, casi uno de cada tres médicos reportados en los hospitales “habilitados” manifestó su negativa a realizar abortos, situación que limita la accesibilidad y revela una falta de capacitación institucional.

Falta de transparencia y omisión en los registros

La colectiva también denunció opacidad en la información proporcionada por la Secretaría de Salud sobre el número y tipo de procedimientos realizados desde la entrada en vigor de la reforma.

Del 7 de noviembre de 2024 al 22 de septiembre de 2025, se registraron 132 interrupciones del embarazo, todas por causas médicas, principalmente por “riesgo a la salud de la madre” (127 casos) y “malformación congénita” (5 casos). Ningún registro fue clasificado como interrupción voluntaria, pese a que la ley ya la permite.

“Sabemos de mujeres que solicitaron la interrupción por voluntad propia, pero la institución invisibiliza las verdaderas causas”, señaló la colectiva.

Además, la dependencia omitió responder sobre el número de quejas o denuncias presentadas por la prestación del servicio, lo que impide conocer de forma oficial la experiencia de las usuarias. Ante esta situación, el pasado 16 de octubre la colectiva presentó un Recurso de Revisión (947/2025) ante el CEGAIP para exigir la entrega completa de la información.

Iniciativas ciudadanas sin dictaminar

La Colectiva ILE también recordó que en noviembre de 2024 ingresaron al Congreso del Estado dos iniciativas ciudadanas para fortalecer el acceso al aborto legal.

La primera (turno 443) propone reformar el artículo 150 del Código Penal para ampliar las excluyentes de responsabilidad penal y añadir nuevas causales como delitos sexuales sin necesidad de denuncia previa, negación del servicio, pobreza extrema o riesgo grave a la salud.

La segunda (turno 495) busca reconocer la negación u obstaculización del servicio de ILE como una forma de violencia institucional dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sin embargo, a casi un año de su presentación, ninguna ha sido dictaminada. De acuerdo con la información obtenida vía transparencia, las comisiones legislativas de Justicia, Salud y Derechos Humanos ya cuentan con los proyectos de dictamen desde marzo pasado, pero aún no han convocado a las promoventes a participar en las discusiones.

“La Comisión Primera de Justicia nos aseguró que seremos llamadas a la próxima reunión, como parte del compromiso para garantizar la participación real de las mujeres en el quehacer legislativo”, detalló la colectiva.

“Seguiremos vigilantes”

Las organizaciones reconocieron el papel de las luchas feministas y de las personas aliadas que hicieron posible la reforma, pero advirtieron que el reconocimiento legal no es suficiente.

“Seguiremos celebrando nuestro derecho a decidir, pero también vigilando al Estado para que este derecho sea accesible y garantizado. El aborto legal no puede quedarse en el papel: debe ser una realidad en cada hospital, para cada mujer y persona con capacidad de gestar”, concluyeron.