Privar la libertad no es rehabilitar

Por: Adri Barrios

En México se ha vuelto común escuchar que, cuando una persona decide consumir sustancias psicoactivas, otras pueden intervenir y decidir por ella “por su propio bien”. Bajo esa lógica, familiares, parejas, amistades o personas cercanas solicitan traslados forzados e internamientos en centros de rehabilitación, como si la preocupación o la desesperación fueran suficientes para dejar en suspenso derechos fundamentales.

Pero consumir sustancias psicoactivas no significa perder la capacidad de decidir. Estas sustancias no son buenas ni malas por sí mismas; son compuestos químicos, de origen natural o sintético, presentes en la vida cotidiana. Lo importante es la relación que cada persona establece con ellas y el contexto en el que forman parte de su experiencia.

Las razones para consumir son muy diversas: algunas personas lo hacen por socialización, diversión o curiosidad; otras en busca de alivio, en medio del dolor o en contextos de exclusión. También hay quienes simplemente ejercen su autonomía sobre su propio cuerpo.

Esa diversidad de experiencias muestra que el consumo no puede entenderse desde una sola mirada. Sin embargo, históricamente el Estado ha respondido a este fenómeno con enfoques punitivos, moralizantes y de control, en lugar de construir políticas públicas integrales basadas en salud, atención comunitaria, reducción de daños y derechos humanos. Esa deuda institucional sigue vigente.

Nada de esto elimina la dignidad ni la autonomía de las personas. Quien decide consumir sustancias psicoactivas sigue siendo titular pleno de derechos, y ninguna otra persona está autorizada para sustituir su voluntad mediante la fuerza.

El caso ocurrido recientemente en Tijuana, donde una mujer trans fue retenida y trasladada contra su voluntad por integrantes de la llamada “Patrulla Espiritual”, ilustra con crudeza las consecuencias de esta lógica. Aunque pidió que la dejaran ir, fue sometida físicamente para internarla. Presentar estos hechos como ayuda distorsiona por completo lo que realmente ocurrió: una restricción de la libertad personal.

La responsabilidad no recae solo en quienes administran estos centros. También es necesario cuestionar el papel de familiares, parejas y amistades que, convencidos de estar actuando correctamente, participan en decisiones que restringen la libertad de otra persona. El afecto no reemplaza el consentimiento y la preocupación no convierte el encierro en una medida legítima.

Sin consentimiento no hay tratamiento; hay coerción. Y cuando esa coerción se traduce en encierro, incomunicación, vigilancia, castigos o humillaciones, pueden configurarse graves violaciones a derechos humanos, entre ellos la libertad personal, la integridad física y psicológica, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.

En muchos de estos espacios se han documentado tratos crueles, inhumanos y degradantes. La situación es aún más grave cuando el internamiento busca modificar la orientación sexual o la identidad de género, lo que puede constituir ECOSIG. La diversidad sexual y de género no es una enfermedad y no necesita corrección.

En el fondo, lo que persiste es una idea profundamente autoritaria: que es válido privar a alguien de su libertad porque otras personas creen saber qué le conviene. Esa lógica coloca el control por encima de la autonomía y convierte el encierro en una respuesta socialmente aceptada.

También debe revisarse la responsabilidad de las autoridades que permiten que estos espacios operen sin supervisión efectiva, porque la omisión institucional también genera violencia.

Ayudar no es capturar. Cuidar no es someter. Rehabilitar no es encerrar.

La libertad personal no se pierde por consumir sustancias; se vulnera cuando la sociedad decide que el encierro puede sustituir al respeto y al acompañamiento.

Mientras sigamos justificando el internamiento forzado como una muestra de amor o preocupación, seguiremos tolerando una de las formas más normalizadas e invisibilizadas de violencia.

Ni la familia, ni la pareja, ni las amistades, ni la moral, ni la religión, ni la supuesta rehabilitación pueden justificar que una persona sea privada de su libertad para imponerle una forma de vivir.