Acusan revictimización y falta de perspectiva de género tras no vincular a proceso a exfuncionario de la UASLP denunciado por acoso y abuso sexual

Por: Leticia Vaca

A seis años de haber iniciado una denuncia penal por presunto acoso laboral, acoso y abuso sexual, Lizeth volvió a enfrentar un revés judicial. El pasado 4 de mayo de 2026 se llevó a cabo la audiencia inicial de vinculación a proceso contra Julián N, exfuncionario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP); sin embargo, el juez resolvió la no vinculación a proceso, decisión que la víctima y su representación legal calificaron como un acto de revictimización y de protección a las estructuras de poder.

El caso se remonta a 2020, cuando Lizeth formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), luego de años de presunto hostigamiento sexual dentro de la Coordinación Académica Región Altiplano (COARA) de la UASLP, campus Matehuala.

Lizeth ingresó a la universidad en 2008 como subadministradora y, según su testimonio, desde entonces comenzó a sufrir acoso laboral y sexual por parte de Julián N, quien ocupaba un cargo directivo dentro de la institución.

Tras la audiencia del pasado 4 de mayo, la defensa de Lizeth denunció que el juez ignoró completamente la perspectiva de género y el contexto de asimetría de poder existente dentro de la relación laboral entre la víctima y el acusado.

De acuerdo con el posicionamiento emitido tras la resolución, el juzgador otorgó valor probatorio a los testimonios de dos mujeres subordinadas laboralmente al imputado, quienes, afirman, difícilmente podrían declarar en su contra debido a la relación jerárquica existente.

Asimismo, señalaron que también se tomó como elemento relevante una bitácora hecha en una hoja de cuaderno y sin firmas, y cuya entrevista es de dudosa procedencia ya que la firma ni siquiera es coincidente con su INE, elaborada por un vigilante que nunca fue citado a comparecer durante el proceso judicial.

La representación legal sostiene que el juez exigió una corroboración de los hechos propia de una etapa de juicio, cuando para una vinculación a proceso únicamente se requiere establecer una probabilidad razonable de que el delito ocurrió y que la persona imputada pudo haber participado en él.

“Actuó más como un vigilante de la impunidad que como un garante de los derechos humanos”, señalaron,

Al acusar que la resolución terminó validando pruebas presuntamente fabricadas en torno al agresor, mientras se ignoró el contexto de violencia y subordinación laboral que enfrentaba la denunciante.

Además, acusaron que la decisión judicial refleja un “pacto patriarcal” dentro del sistema de justicia, donde los prejuicios personales y las estructuras de poder continúan favoreciendo a quienes ostentan posiciones de influencia.

“La perspectiva de género fue completamente ignorada para proteger una jerarquía laboral, dejando a la víctima en total indefensión frente a un agresor con influencias”, expresaron.

Tras la resolución, la defensa confirmó que interpondrá un recurso de apelación al considerar que la determinación vulnera los derechos de acceso a la justicia de la víctima.

En ese sentido, hicieron un llamado a que la Sala del Tribunal revise el caso con perspectiva de género y reconozca las condiciones de desigualdad y poder que rodeaban los hechos denunciados.

“Se solicita justicia, no privilegios”

Concluye el posicionamiento, en espera de que la siguiente instancia judicial revierta la resolución emitida en audiencia inicial.