Lenguaje incluyente y perspectiva de género en el Congreso del Estado, por obligación, no por convicción

Por: La Alcantarilla

Durante años, el Congreso del Estado de San Luis Potosí ha sido un reflejo de las prácticas institucionales del país: lentas, formales, muchas veces desconectadas de las demandas sociales más urgentes. Hoy, una vez más, se vuelve evidente que la voluntad política sigue siendo el gran ausente cuando se trata de comprometerse de fondo con los derechos humanos, la igualdad y la inclusión.

En días recientes, la Comisión de Normatividad y Prácticas Parlamentarias aprobó un dictamen que propone reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del Congreso para incorporar el uso de lenguaje inclusivo y perspectiva de género en la redacción de los dictámenes legislativos.

La intención, aunque loable, deja una inquietud difícil de ignorar: ¿por qué es necesario modificar la ley para que las y los legisladores actúen con justicia, empatía y sensibilidad social? ¿Por qué esperar a que un mandato legal imponga lo que debería ser una convicción ética mínima?

El hecho de que se tenga que institucionalizar —es decir, obligar por ley— el uso del lenguaje incluyente y la incorporación de perspectiva de género en los textos legislativos evidencia no solo la resistencia al cambio cultural dentro del Congreso, sino también una falta de compromiso real con los principios de igualdad y derechos humanos. ¿No debería ser este el estándar desde hace años, sin necesidad de una reforma?

Recordemos que el lenguaje construye realidades. Cuando los dictámenes del Poder Legislativo —ese que representa a toda la ciudadanía— se redactan en masculino genérico, sin considerar a las mujeres y otras identidades, se perpetúa la idea de que solo un grupo es sujeto de derechos y acción. Lo mismo ocurre cuando se omite la perspectiva de género: se siguen produciendo leyes ciegas a las desigualdades estructurales que viven millones de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en San Luis Potosí.

El diputado Luis Felipe Castro Barrón, presidente de la Comisión, señala que se busca “fortalecer” la atención a estos temas en los documentos legislativos. Sin embargo, que a estas alturas hablemos de “fortalecer” algo que debería ser una base mínima del trabajo legislativo, deja claro que seguimos muy por detrás del ritmo que la sociedad exige.

No se trata solo de redactar con cuidado, se trata de legislar con conciencia. La verdadera transformación legislativa no empieza con una reforma, sino con una decisión política clara: comprometerse con la justicia social más allá del texto legal. La ley puede obligar a escribir con “e”, con “x” o con formas neutras, pero de nada servirá si en el fondo sigue faltando el respeto genuino por la diversidad y la equidad.

Por eso, más allá de celebrar esta reforma, la pregunta sigue en el aire: ¿por qué tenemos que obligar al Congreso a hacer lo correcto? ¿No deberían nuestras y nuestros representantes tenerlo claro desde el principio?

El lenguaje importa, sí. Pero más importa la voluntad. Y eso, hasta ahora, sigue siendo lo más ausente en muchas curules.