Por: María Medrano
“Alejamientos voluntarios”, es la frase con la que, desde el pasado cinco de mayo la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó a minimizar los casos de desapariciones de personas en San Luis Potosí.
Desde el año 2000 y hasta el mes de octubre del 2022, de acuerdo con las fichas de búsqueda publicadas en la página de la FGE, hay 842 personas desaparecidas; del total de las fichas publicadas solo se exponen como localizadas 12 personas. Estas cifras no son cosa menor.
Una sola persona no localizada en cualquier lugar, debería ser motivo de preocupación. Cada persona no ubicada y no devuelta a su hogar, debería ser vista como un fracaso para la instancia de justicia.
Sin embargo, parece que la presente administración se concentra en culpar a las víctimas, situación que además de revictimizante y negligente es riesgosa porque envía un mensaje a la ciudadanía de que no vale la pena buscar, pues algunas de esas personas podrían estar lejos de su hogar por voluntad propia.
Se olvida la dependencia garante de la justicia, de que San Luis Potosí tiene un contexto económico y social que la convierte en un sitio estratégico de tránsito de personas, no solo de migrantes, sino también de organizaciones delincuenciales y hay evidencia de casos de trata de personas (11 casos en 2021).
Por ello debería escandalizarnos que José Luis Ruiz Contreras, titular de la FGE difunda un discurso de menosprecio a los casos de desapariciones y que mediante boletines informativos emita declaraciones como la del pasado 27 de junio:
“Un alto porcentaje de las personas que son encontradas por la Fiscalía General del Estado (FGE), al contar con una ficha de búsqueda son por ausencias voluntarias”.
No es ajeno para ninguna persona, estimado, estimada lectora, que siempre existe curiosidad de saber qué les pasó a las personas que "desaparecieron" y que luego fueron localizadas, pero eso solo alimenta el morbo, porque de conocerse la verdad, algunas de esas personas pondrían en riesgo su integridad.
También es cierto que no todos los casos tienen relación con un delito, pero para qué venderle a la ciudadanía la idea de que “Un alto porcentaje” de las familias de personas desaparecidas juegan a Pedro y el Lobo.
Su tarea y encargo es buscar y dar resultados en las búsquedas, resultados que, según las cifras, no son alentadores.
