¿Cuánto vale un derecho cuando no puedes ejercerlo?

Por: Natalia Elizabeth Gutiérrez Valenzuela

Hay preguntas que parecen sencillas hasta que uno se detiene a pensar realmente en ellas.

¿De qué sirve tener un derecho si no puedes ejercerlo?

La ley puede decir que todas las personas tenemos derecho a la salud, a la educación, a la justicia, a una vivienda digna, a la libertad, a la igualdad y a vivir una vida libre de violencia.

Y en el papel, todo parece estar en orden, pero la realidad no siempre cabe en el papel, porque una cosa es reconocer un derecho y otra muy distinta es poder ejercerlo.

¿De qué sirve decirle a una mujer que tiene derecho a vivir una vida libre de violencia cuando no tiene dinero para salir de casa, cuando depende económicamente de quien la agrede o cuando tiene miedo de denunciar porque sabe que después tendrá que regresar al mismo lugar?

¿De qué sirve decirle a una persona que tiene derecho a la salud cuando la consulta llega meses después, cuando no puede pagar un medicamento o cuando tiene que elegir entre comprar comida para sus hijos o atender una enfermedad?

¿De qué sirve decirle a alguien que tiene derecho a la justicia cuando el proceso es tan largo, complicado o costoso que termina desistiendo antes de llegar al final?

Entonces aparece una pregunta incómoda, pero necesaria:

¿Cuánto vale un derecho cuando las condiciones para ejercerlo no existen?

No creo que el problema sea que nuestros derechos no tengan valor.

El problema es que muchas veces hemos confundido el reconocimiento de un derecho con la garantía de ese derecho. Y no son lo mismo.

Reconocer un derecho significa decir: “Esto te corresponde”.

Garantizarlo significa crear las condiciones para que realmente puedas acceder a él. Ahí está una de las grandes deudas que tenemos como sociedad.

Porque los derechos humanos no deberían depender del dinero que tengas, del lugar donde naciste, de tu nivel educativo, de si conoces a alguien que pueda ayudarte o de qué tan bien puedas defenderte frente a una institución.

Un derecho que solo puede ejercer quien tiene recursos deja de ser verdaderamente universal.

Y esto no significa que las instituciones no hagan esfuerzos. Tampoco significa que todas las personas servidoras públicas sean indiferentes. Sería injusto decirlo así. Hay personas que todos los días hacen su trabajo con verdadera vocación y que intentan resolver, orientar, acompañar y abrir caminos donde muchas veces no existen.

Pero también debemos reconocer que existen barreras, barreras económicas, sociales, culturales, institucionales y hasta geográficas.

Y cuando esas barreras impiden que una persona ejerza un derecho, el problema deja de ser únicamente individual.

Se convierte en un problema de justicia, porque detrás de cada expediente hay una persona, detrás de cada trámite hay una necesidad, detrás de cada número hay una historia. Y detrás de cada derecho que no puede ejercerse, probablemente hay alguien que está esperando.

Esperando una consulta. Esperando una sentencia, una medida de protección. Esperando un medicamento, una oportunidad.

Esperando que alguien le explique qué puede hacer, esperando, simplemente, que aquello que la Constitución y las leyes prometen también sea una realidad en su vida.

Tal vez por eso necesitamos dejar de medir únicamente la existencia de los derechos por el número de leyes que los reconocen.

También deberíamos preguntarnos cuántas personas pueden ejercerlos realmente. Porque una sociedad no se vuelve más justa solamente porque tiene mejores leyes Se vuelve más justa cuando esas leyes logran cambiar la vida de las personas.

Cuando una niña puede estudiar, aunque haya nacido en una familia con pocos recursos.

Cuando una mujer puede pedir ayuda sin tener que elegir entre su seguridad y la de sus hijos.

Cuando una persona enferma puede recibir atención sin que su situación económica determine si merece o no ser atendida.

Cuando quien ha sido víctima de un delito puede encontrar justicia sin sentirse perdido dentro de un sistema que no comprende.

Cuando una persona puede acudir ante una autoridad y sentirse escuchada, no juzgada. Eso también es justicia.

Y quizá aquí está la parte que más nos corresponde como sociedad: dejar de pensar que los derechos humanos son un tema exclusivo de abogados, jueces, policías o instituciones. ¡Son nuestros! De todas y todos.

Y por eso también nos corresponde preguntarnos qué estamos haciendo para que esos derechos existan más allá de las palabras.

Porque un derecho que solamente existe escrito en una ley puede ser jurídicamente reconocido, pero socialmente inaccesible.

Y cuando una persona tiene que luchar demasiado para obtener aquello que legalmente ya le pertenece, algo está fallando.

No basta con decirle a alguien: “Usted tiene derecho”.

También tenemos que poder decirle: “Y voy a explicarle cómo ejercerlo”. “Y voy a orientarle”. “Y voy a escucharle”. “Y voy a acercarle las herramientas que necesita”.

Porque la justicia no debería sentirse como un privilegio reservado para quienes saben dónde tocar, qué preguntar o cuánto pueden pagar.

La justicia debería ser cercana, comprensible, accesible, humana. Al final, quizá la verdadera pregunta no sea cuánto vale un derecho cuando no puedes ejercerlo.

Quizá la pregunta sea otra: ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo cuando reconocemos derechos que todavía no todas las personas pueden disfrutar?

La respuesta debería incomodarnos. Pero también debería impulsarnos, porque los derechos humanos no fueron creados para decorar leyes. Fueron creados para proteger personas.

Y mientras exista alguien que tenga un derecho, pero no pueda ejercerlo, nuestra tarea como sociedad todavía no termina.

La justicia comienza cuando un derecho deja de ser una promesa escrita y se convierte en una realidad.