Cuando denunciar no basta: seis años de impunidad en un caso de acoso en la UASLP

Desde 2020, Lizeth mantiene una denuncia penal por acoso laboral y sexual contra un exfuncionario universitario; tras seis años de retrasos, omisiones institucionales y afectaciones a su salud, el caso llega a una audiencia clave que podría definir si, finalmente, avanza hacia la justicia.

Por: Leticia Vaca

Desde 2020, Lizeth espera justicia. Su denuncia penal sigue en manos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), sin que hasta ahora se haya resuelto su caso.

Lizeth ingresó en 2008 a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), en el campus Matehuala, como subadministradora. A la par de una carga laboral excesiva, comenzó a enfrentar acoso laboral y sexual por parte de Julián N, entonces titular de la Coordinación

Académica Región Altiplano (COARA), quien, según su testimonio, utilizó su posición de poder para hostigarla de forma sistemática.

“Yo estaba muy chica, tenía 22 o 23 años. Todo era nuevo para mí y me aguantaba. Me casé, luego me embaracé, y tenía miedo de decirlo porque sabía que quería quitarme el puesto. Él estaba muy bien posicionado”, relata.

Con el paso del tiempo, el acoso se intensificó. Lizeth señala que incluso se le condicionaba “portarse bien” para acceder a mejoras salariales. La violencia no solo persistió, sino que escaló en abuso de poder.

En 2019, durante la administración del entonces rector Fermín Villar Rubio, presentó un oficio formal denunciando los hechos ante autoridades universitarias. El documento, afirma, desapareció.

“Ya lo había reportado en Recursos Humanos, varios compañeros sabían. Cuando él se entera, el acoso empeora: me bloqueaba sistemas, me obstaculizaba el trabajo. Siempre aprovechándose de su poder”.

En enero de 2020, intentaron destituirla. Ante ello, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Tras la intervención del organismo, la universidad le asignó un puesto “inventado”, sin funciones reales acordes a su perfil.

Ese mismo año, en mayo de 2020, Lizeth llevó el caso al ámbito penal con una denuncia formal ante la Fiscalía Estatal. Desde entonces, el proceso permanece abierto, sin resolución.

“Durante cinco o seis años pedí el cambio a administradora por la carga de trabajo. Me dieron el nombramiento, pero con un nivel que ni siquiera existía en el tabulador”, explica, evidenciando irregularidades administrativas paralelas al hostigamiento.

El actual rector, Alejandro Zermeño Guerra, terminó por destituir al presunto agresor derivado de la causa penal. Sin embargo, en agosto de 2020 Julián N fue jubilado, lo que según Lizeth, evitó mayores consecuencias laborales inmediatas.

A pesar de ello, su situación dentro de la universidad no mejoró. Permanece relegada, sin funciones acordes a su cargo ni oportunidades de crecimiento.

“Me tienen en una esquina. Me respetaron el nombramiento, pero el puesto se lo dieron a otra persona. Yo debería coordinar Recursos Humanos, finanzas, inventario, y ahora solo estoy en titulación, expidiendo documentos. Llevo seis años así”.

Tras más de seis años de proceso penal, el próximo lunes 4 de mayo se realizará una audiencia clave para determinar si el acusado será vinculado a proceso, un paso fundamental que podría, finalmente, encaminar el caso hacia la justicia.

Lizeth advierte que el retraso ha tenido consecuencias profundas en su salud y su vida personal.

“Pasé por estrés, ansiedad, estuve medicada, un año en tratamiento psiquiátrico. Esto dejó secuelas en mi familia. Son seis años en lo penal sin solución. ¿Dónde está la justicia?”.