Congreso local aprueba reforma constitucional sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos

El Congreso del Estado aprobó una reforma al artículo noveno de la Constitución Política de San Luis Potosí en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, un cambio que busca armonizar la legislación local con la reciente modificación al artículo 2° de la Constitución federal.

La iniciativa, presentada por el diputado Roberto García Castillo, fue avalada por el Pleno bajo el argumento de que el marco constitucional estatal debía actualizarse para reconocer a los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público, con identidad propia, autonomía y derechos colectivos. Con ello, se formaliza en el ámbito local un reconocimiento que durante años había quedado limitado a declaraciones generales.

La reforma incorpora disposiciones relacionadas con el ejercicio y preservación de la medicina tradicional y la partería, así como el derecho de las personas indígenas y afromexicanas a contar con intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados en contextos judiciales y administrativos. También se establece su derecho a un desarrollo integral acorde con sus formas de organización económica, social y cultural, y con respeto a su entorno y recursos naturales.

En el ámbito educativo y estadístico, el nuevo texto constitucional plantea el reconocimiento y la protección de los saberes, aportes y conocimientos de estos pueblos, así como su inclusión en los registros oficiales, censos y encuestas, bajo criterios de identidad y autoadscripción definidos por las propias comunidades.

La reforma también incorpora el reconocimiento expreso de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar en condiciones de igualdad en la vida pública y en la toma de decisiones comunitarias, así como el acceso efectivo a derechos como la educación, la salud, la tierra y la propiedad. En el mismo sentido, se establecen garantías para la atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en sus propias lenguas, con énfasis en una vida libre de discriminación y violencia, particularmente la de carácter sexual y de género.

Aunque el dictamen fue presentado como un avance frente a una deuda histórica, el alcance real de la reforma dependerá de su traducción en políticas públicas, presupuestos y mecanismos efectivos de cumplimiento.

Organizaciones y comunidades han señalado en distintos momentos que el reconocimiento constitucional, por sí solo, no garantiza cambios en la vida cotidiana si no va acompañado de acciones concretas y voluntad institucional.

Con esta modificación, San Luis Potosí se suma a otras entidades que han actualizado su marco constitucional en la materia; no obstante, el reto inmediato será evitar que el nuevo texto quede en el plano declarativo y se convierta en una herramienta efectiva para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos.