Aprueban en Comisión creación de Fiscalía Especializada en Desaparición

Después de años de exigencia de familiares de personas desaparecidas, la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen que crea la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en San Luis Potosí.

La propuesta —que ahora deberá votarse en el pleno— reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y la Ley en Materia de Desaparición local. De acuerdo con la presidenta de la comisión, la diputada Leticia Vázquez Hernández, la nueva fiscalía contará con recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos 2026 y deberá operar conforme a la legislación federal y a los lineamientos del Sistema Nacional de Búsqueda.

Sin embargo, para colectivos de familiares, la aprobación representa apenas un primer paso en una deuda histórica que el Estado mantiene frente a la crisis de desapariciones.

Una exigencia que no nació en el Congreso

La creación de una fiscalía especializada ha sido una demanda constante de organizaciones y colectivos como “Voz y Dignidad por los Nuestros”, quienes han denunciado durante años la falta de personal capacitado, la revictimización y la ausencia de investigaciones con enfoque de contexto.

En la sesión estuvo presente la maestra Edith Pérez, representante del colectivo, cuya participación simboliza la presión social que ha empujado esta reforma. Madres, padres y familiares han insistido en que la especialización no puede limitarse al nombre, sino traducirse en autonomía técnica, presupuesto suficiente y personal verdaderamente capacitado.

Según el dictamen aprobado, la Fiscalía Especializada deberá contar con: Unidad de Investigación, Unidad de Análisis de Contexto, Unidades de Atención y Seguimiento a Víctimas, Unidad de Búsqueda Inmediata y de Larga Data, Área Especializada en Delitos Cibernéticos, Personal ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.

El nombramiento de la persona titular quedará en manos de la Fiscalía General del Estado, con requisitos alineados a la normativa federal y a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Este punto ha generado cuestionamientos entre colectivos, quienes históricamente han pedido procesos transparentes y perfiles con experiencia real en investigación de desapariciones, ante el riesgo de que la fiscalía se convierta en una instancia más dentro de la estructura burocrática sin cambios sustantivos.

La aprobación ocurre en un contexto en el que las cifras de personas desaparecidas continúan creciendo a nivel nacional y estatal.