Comunidades indígenas de la Huasteca endurecen resistencia contra el fracking y fijan 11 acuerdos

Representaciones indígenas nacionales, estatales y comunitarias de la Huasteca potosina intensificaron este fin de semana sus manifestaciones contra los proyectos energéticos impulsados por el Gobierno Federal y Petróleos Mexicanos (Pemex), al considerar que ponen en riesgo el agua, el territorio y la vida de los pueblos originarios.

Las movilizaciones se desarrollaron en los municipios de Tancanhuitz y San Antonio, donde comunidades náhuatl y tének reiteraron su rechazo absoluto a la exploración y explotación de gas y petróleo mediante fracturación hidráulica, conocida como fracking.

De acuerdo con los organizadores, la preocupación crece ante la posibilidad de que el comité presidencial encargado de analizar los proyectos energéticos termine favoreciendo los intereses corporativos del sector petrolero por encima de los derechos territoriales e históricos de las comunidades indígenas.

Los pueblos participantes señalaron que la imposición del fracking contradice el compromiso realizado por la presidenta de la República durante campaña, cuando prometió prohibir esta técnica extractiva por los daños ambientales y sociales que genera.

Las comunidades destacaron que las protestas se han sostenido únicamente con sus propias estructuras organizativas y sin financiamiento externo, además de mantener distancia de partidos políticos pese al contexto electoral rumbo a 2027.

“Si no sostienes tu palabra, no eres nadie”, expresaron representantes indígenas al exigir que el Gobierno Federal cumpla la promesa de frenar el fracking en el país.

Los acuerdos alcanzados durante las asambleas comunitarias incluyen la negativa total a otorgar consentimiento para actividades de exploración o explotación del subsuelo; la prohibición de vender agua para proyectos extractivos; el rechazo a consultas organizadas por autoridades federales o empresas privadas que consideren simuladas; y la defensa pacífica del territorio ante el ingreso de técnicos o maquinaria.

Además, las comunidades advirtieron que podrían condicionar su participación en futuros procesos electorales si no se concreta la prohibición legal del fracking y de la minería a cielo abierto.

Entre los puntos aprobados también destaca el llamado al Congreso del Estado y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para reconocer el derecho de los pueblos indígenas a elegir autoridades municipales mediante usos y costumbres.

Asimismo, acordaron establecer una red regional de alerta y defensa jurídica colectiva para responder ante posibles intentos de expropiación o ingreso de maquinaria pesada bajo argumentos de “utilidad pública”.

Las demandas indígenas se sustentan en los artículos 1 y 2 de la Constitución Mexicana, así como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las declaraciones internacionales sobre derechos indígenas de la ONU y la OEA.

Las movilizaciones son impulsadas por autoridades y organizaciones comunitarias de la Huasteca, acompañadas por el Observatorio Indígena Mesoamericano.

Bajo las consignas “¡Agua sí, petróleo no!” y “¡Sí a la vida!”, las comunidades aseguraron que continuarán defendiendo su territorio frente a cualquier proyecto extractivo que amenace su existencia y el futuro de las próximas generaciones.