Cobro por cambio de identidad de género en actas vulnera derechos humanos en San Luis Potosí

En San Luis Potosí, las personas trans y no binarias deben pagar mil 488 pesos para realizar la modificación de su acta de nacimiento conforme a su identidad de género, un trámite que activistas y colectivos consideran una barrera económica injustificada para el ejercicio de un derecho humano fundamental.

El procedimiento, denominado “Modificación de Datos Personales en las Actas del Estado Civil conforme a la Identidad de Género Auto-Percebida”, permite a personas trans y no binarias adecuar su acta de nacimiento a su identidad de género, lo cual es fundamental para garantizar el derecho a la identidad, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.

De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, imponer un costo económico para ejercer este derecho genera barreras de acceso y profundiza las desigualdades históricas que enfrentan las personas trans y no binarias, quienes de manera sistemática padecen exclusión laboral, precarización económica y obstáculos institucionales.

Activistas señalan que el impacto del cobro es diferenciado y desproporcionado, ya que muchas personas no cuentan con los recursos necesarios para cubrir el trámite, lo que las mantiene en una situación de vulnerabilidad jurídica y social al no poder contar con documentos oficiales acordes a su identidad.

El cobro fue incorporado en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado incluyó este concepto en la Ley de Hacienda del Estado, sin que mediara consulta pública, diálogo con colectivos de la diversidad sexual ni aviso previo a la población. Con este cambio normativo, el reconocimiento legal de la identidad de género quedó sujeto al cumplimiento de una obligación económica.

Colectivos y personas defensoras de derechos humanos han comenzado a organizarse para difundir información y promover acciones de movilización, al considerar que el reconocimiento legal de la identidad de género no es un privilegio ni un favor administrativo, sino una obligación del Estado.

Para conocer más sobre este tema y sumarse a la difusión, se han compartido materiales informativos en redes sociales a través de las siguientes plataformas:

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