CDU turna al Órgano Interno de Control la queja contra la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios

•  Luz María Lastras Martínez se quejó por ser víctima de violencia al aparecer en cárteles que se colocaron en la Facultad de Derecho

  
  

  

El Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí decidió enviar al Órgano Interno de Control (OIC) la solicitud de remoción de Olivia Salazar Flores, encargada de la Defensoría de Derechos Universitarios. La petición fue presentada por la catedrática Luz María Lastras Martínez, quien acusa a la funcionaria de negarse a recibir una denuncia por presunta violencia simbólica.

La queja deriva de la aparición de carteles con la imagen alterada de Lastras colocados en los muros de la Facultad de Derecho. De acuerdo con la académica, al solicitar que la Defensoría certificara los hechos e iniciara un trámite formal, la funcionaria respondió que los mensajes formaban parte de la “libre manifestación de ideas” del alumnado y que, por ello, no había materia para proceder.

La discusión en el pleno inició con un señalamiento sobre la temporalidad. Adriana Ochoa, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, recordó que el CDU había cerrado el registro de asuntos el 21 de noviembre y que la solicitud ingresó cinco días después. Consideró que debía tratarse por la vía ordinaria, primero ante la dirección de la Facultad y, en su caso, mediante Abogacía General.

En contraste, la consejera maestra de la Facultad Derecho, Georgina González Casárez, sostuvo que la Defensoría sí tenía competencia para conocer de la denuncia y que negarse a recibirla podría constituir una omisión. Recordó que el órgano fue creado para atender actos arbitrarios o violatorios de los derechos universitarios y que sus funciones incluyen recibir y sustanciar quejas.

En su escrito, Lastras detalla que los carteles incluían su fotografía intervenida, acompañada de consignas ofensivas. Considera que la utilización no autorizada de su imagen y los mensajes que la acompañan representan un acto de violencia simbólica que afecta su integridad profesional.

Además de cuestionar la respuesta específica de la funcionaria, afirma que Salazar Flores no cumple con el perfil del cargo y que su actuación revela desconocimiento del marco de derechos universitarios. Por ello, pide que se investigue la presunta omisión, se ordene recibir su denuncia y, de ser procedente, se determine responsabilidad administrativa y su remoción.