Por: María Medrano.
A más de dos años de haberse emitido la Alerta de Violencia de Género (AVGM) para seis municipios de la entidad potosina, tan solo en lo que va de 2019 la Fiscalía General del Estado reportó 21 feminicidios, además el Gobierno del Estado reconoce que incumple con tres de cada 10 acciones que le obliga a implementar el mecanismo federal de protección a las mujeres.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde el 21 de julio de 2017 fecha en que se emitió declaratoria de AVGM para los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamazunchale y Tamuín, y hasta el mes de octubre del 2019 se han registrado en la entidad 56 feminicidios.
De junio a diciembre del 2017 se cometieron 10 feminicidios (en ese año se registraron en total 18), en 2018 se presentaron 27 feminicidios y de enero a octubre del 2019, se reportan 19 casos (la Fiscalía General del Estado reporta de enero al 23 de noviembre del 2019, 21 feminicidios), lo que refleja un incremento en los casos cuando las medidas preventivas deberían general un efecto contrario.
De acuerdo con las declaraciones de Ulises Valencia Gordillo, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) reporta que “sólo en tres de cada 10 acciones no se ha hecho nada”; el 45 por ciento de las medidas obligatorias han sido cumplidas en su totalidad, un 25 está en vías de cumplimiento.
En el mes de marzo del 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos revela en su Informe Especial sobre la Implementación de la AVGM en la entidad que demuestra que la mayor parte del incumplimiento en la implementación de medidas, es responsabilidad de los municipios, estos no informan de manera transparente los avances de las medidas que les obliga la AVGM.
También presenta diversas recomendaciones a instancias encargadas de cumplimentarlas, entre ellas, la creación de una unidad de contexto para conocer las particularidades de violencia en cada región de la entidad y poder atender el tema de manera específica.
Otro de los exhortos de la CEDH a la Fiscalía General del Estado (FGE) hace referencia a los trabajos que realiza el grupo unidad especializada en revisar expedientes e investigaciones de los ocho años anteriores a la emisión de la declaratoria de AVGM con el propósito de sugerir diligencias que ayuden en el esclarecimiento de los hechos.
Sobre este último aspecto, Marisela Meza Enríquez, vicefiscal jurídica de la FGE, anunció que hasta principios del 2020 se proporcionará información sobre el avance de este grupo unidad especializado, refirió que esta unidad tendrá la obligación de analizar al menos 114 casos, sin embargo, la unidad busca hacer un conteo general para “erradicar los errores que pudieron cometerse en el pasado para que no se repitan en el futuro”.
No solo el órgano garante de los Derechos Humanos en la entidad se ha dado a la tarea de señalar el incumplimiento y exhortar a las diversas instancias a atender lo establecido por los órganos federales para erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres; estas omisiones también han propiciado que organizaciones civiles como Renace, busquen, mediante mecanismos jurídicos, la forma de obligar al Estado a atender su responsabilidad.
En el amparo presentado ante juzgados de distrito a inicios del mes de noviembre de 2019 se enmarca que se han incumplido principalmente medidas que dependen de la Secretaría General de Gobierno, del mismo modo el informe especial de la CEDH, expone que en materia de seguridad, prevención y justicia y reparación son la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento de los Municipios y la Fiscalía General del Estado, así como la Secretaría General de Gobierno las que mayor número de medidas sin cumplimiento cuentan.
Los municipios no se quedan atrás en las observaciones, sobre todo, aquellos que no reportan el avance en la implementación de medidas.
Omisiones que también quedaron exhibidas, con el homicidio de una mujer, el 24 de enero de 2018 en el municipio de Rioverde; el 14 de noviembre de 2017,la víctima acudió a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, donde denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge.
Pese a ello, según se reporta en el informe de la CEDH, la autoridad responsable fue omisa en dictar las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad física de la denunciante; omisiones que terminaron en un femicidio.
