A un año de la despenalización del aborto en SLP, acompañantas sostiene el acceso al derecho a decidir
- La Rata
- hace 13 horas
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A un año de la despenalización del aborto en el estado, el acceso real a este derecho continúa dependiendo en gran medida de las redes feministas de acompañamiento.
Entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, al menos 674 mujeres y personas con capacidad de gestar interrumpieron su embarazo en San Luis Potosí; casi el 70% de estos procedimientos fueron realizados con apoyo de colectivas y acompañantas, ante las limitaciones persistentes en los servicios públicos de salud.
El Frente Marea Verde San Luis Potosí presentó un informe en el marco de la jornada conmemorativa por el primer aniversario de la reforma que despenalizó el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. El documento recopila información obtenida a través de solicitudes a los Servicios de Salud del Estado, el IMSS y el ISSSTE, así como testimonios de usuarias y acompañantas.
Acceso desigual y resistencias institucionales
Según los datos presentados, los Servicios de Salud del Estado reportaron atención a 136 usuarias entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, aunque sin especificar las unidades médicas. Pese a las reformas, el informe revela que la causal más frecuente registrada fue “riesgo a la salud”, categoría derogada en 2024, mientras que no se reportó ningún caso de aborto voluntario.
Por su parte, el IMSS informó de 71 atenciones en solo dos hospitales generales de zona: el No. 1 “Zapata”, con 64 procedimientos (dos voluntarios), y el No. 6 de Ciudad Valles, con siete (seis por violación). El ISSSTE, en cambio, no entregó información dentro del plazo legal.
En contraste, 21 acompañantas y cuatro colectivos reportaron haber acompañado 467 interrupciones voluntarias dentro del plazo legal, principalmente mediante el uso de medicamentos (misoprostol o la combinación misoprostol–mifepristona), y brindando acompañamiento emocional, psicológico o presencial durante el proceso.
Falta de capacitación y objeción de conciencia
El informe advierte que los Servicios estatales de Salud solo realizaron dos cursos de capacitación sobre aborto para personal médico, mientras que el IMSS no impartió ninguno. De las seis unidades públicas de atención a población sin seguridad social, únicamente el Hospital del Niño y la Mujer no cuenta con personal objetor de conciencia.
En el IMSS, 66 de 82 ginecólogos y ginecólogas de las clínicas que brindan el servicio se declararon objetores. Además, ni el IMSS ni los Servicios estatales reportaron contar con protocolos o rutas de atención específicos para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Presupuesto insuficiente y subejercicio
El presupuesto federal destinado a la atención del aborto legal en los Servicios de Salud del Estado aumentó de 446 mil 767 pesos en 2024 a 2 millones 250 mil 272 pesos en 2025, aunque más del 50% no había sido ejercido al cierre del informe.
En cuanto a los medicamentos, la partida para la compra de misoprostol y mifepristona disminuyó de 223 mil 800 pesos en 2024 a 83 mil 984 en 2025, y para la fecha del reporte, los fármacos aún no habían sido adquiridos.
Despenalización no es legalización plena
El Frente Marea Verde subrayó que, aunque las reformas de 2024 representan un avance histórico en el reconocimiento del derecho a decidir, la despenalización parcial no equivale a la legalización plena.
El aborto sigue contemplado en el Código Penal, lo que perpetúa su tratamiento como una conducta punible, y la Ley de Salud estatal aún carece de regulación sobre la objeción de conciencia, pese a los criterios establecidos por la Suprema Corte.
“El panorama demuestra que los vacíos legales y la falta de implementación limitan el alcance transformador de las reformas”, señala el documento.
A un año de su aprobación, la despenalización del aborto en San Luis Potosí representa un paso hacia la igualdad y la autonomía reproductiva, pero su cumplimiento efectivo —advierten las organizaciones— exige voluntad política, recursos suficientes y un compromiso sostenido con la salud, la libertad y la dignidad de quienes deciden interrumpir un embarazo.
Consulta el informe completo en:
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