Voz y Dignidad toma las instalaciones de la Fiscalía de Derechos Humanos en SLP para exigir creación de Fiscalía de Búsqueda

Integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros  tomaron las instalaciones de la Fiscalía de Derechos Humanos en la capital potosina, cerrando los accesos con candados como medida de protesta ante la omisión del Estado para crear la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, ordenada por ley desde 2017.

Desde las primeras horas del día, madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas se concentraron en el inmueble, mientras integrantes provenientes del interior del estado comenzaron a arribar para sumarse a la manifestación. Las colectivas advirtieron que las acciones se intensificarán en las próximas horas si no hay respuesta por parte de las autoridades.

De acuerdo con las manifestantes, a ocho años de que la legislación estatal estableció la creación de una Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, esta no ha sido instalada ni fortalecida, lo que ha provocado retrasos, falta de continuidad y debilitamiento de los procesos de investigación.

Las familias denunciaron que, lejos de atender su exigencia legítima, la respuesta institucional fue la remoción de la persona encargada de las búsquedas dentro de la Fiscalía, lo que calificaron como un desmantelamiento de los avances logrados y una ruptura en el trabajo acumulado.

Recordaron que en este periodo se han trabajado más de 200 carpetas de investigación y averiguaciones previas relacionadas con personas desaparecidas, casos que representan años de espera y dolor para cientos de familias. Señalaron además que existieron coincidencias y resultados positivos, mismos que —según declaraciones previas de la propia fiscal— requerían ser confirmados mediante confrontas, lo que, afirmaron, demuestra que sí había avances sustantivos.

Las manifestantes cuestionaron la urgencia con la que se realizó el cambio en el área de búsqueda, así como las instrucciones y responsables detrás de estas decisiones, al considerar que debilitan los esfuerzos para localizar a personas desaparecidas y favorecen la impunidad.

“Las madres víctimas no somos estadísticas ni piezas desechables del Estado”, expresaron, al advertir que cada decisión tomada sin su participación impacta directamente en su derecho a la verdad, la justicia y la búsqueda de sus hijas e hijos.