Violencia política de género persiste en elecciones 2024 en SLP, pese a reducción en denuncias

Durante el proceso electoral 2024 en SLP se registraron 20 casos de violencia política en razón de género

La violencia política en razón de género continúa siendo un obstáculo estructural para la participación de las mujeres en la vida pública, incluso en un contexto de avances normativos en materia de paridad, advierte el diagnóstico “Nuestra presencia es política”, elaborado por Educación y Ciudadanía A.C. en coordinación con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

El informe documenta que durante el proceso electoral 2024 en San Luis Potosí se registraron 20 casos de violencia política en razón de género (VPRG), lo que representa una disminución respecto a procesos anteriores. Sin embargo, especialistas advierten que esta reducción no implica necesariamente una mejora en las condiciones, sino que podría estar relacionada con subregistro, miedo a denunciar o desconfianza en las instituciones.

Agresiones constantes y de alto riesgo

De las mujeres atendidas, casi la mitad enfrentó niveles de riesgo alto (48%), lo que refleja la gravedad de las agresiones en el ámbito político. Entre las formas de violencia más recurrentes se encuentran las amenazas contra la integridad (31%) y la violencia simbólica (28%), que incluye descalificaciones, estigmatización y cuestionamientos a sus capacidades por razón de género.

El diagnóstico también identifica otros tipos de agresiones como hostigamiento, amenazas de muerte, difamación, manipulación emocional y violencia institucional, evidenciando que la VPRG no es un fenómeno aislado, sino una práctica sistemática que atraviesa distintas etapas del proceso electoral.

En varios casos, las víctimas recibieron medidas de protección como vigilancia policial o planes de seguridad, mientras que otros fueron canalizados a instancias como fiscalías o instituciones de atención a mujeres. No obstante, el informe señala que las respuestas institucionales siguen siendo limitadas frente a la complejidad del problema.

Más allá de las cifras: una violencia estructural

Uno de los principales aportes del documento es evidenciar que la violencia política de género no puede entenderse únicamente a partir de denuncias formales. Muchas mujeres optan por no denunciar debido a factores como el temor a represalias, la revictimización o la falta de garantías para su seguridad, lo que invisibiliza la dimensión real del fenómeno.

Además, el estudio señala que estas violencias están profundamente vinculadas a estructuras sociales y culturales que reproducen desigualdad, donde persisten estereotipos de género que cuestionan la presencia de las mujeres en espacios de poder.

La investigación también incorpora un enfoque interseccional, mostrando que los impactos son diferenciados. Mujeres indígenas, jóvenes, de la diversidad sexual o con discapacidad enfrentan formas agravadas de exclusión y violencia, tanto dentro como fuera de los partidos políticos.

Obstáculos en el ejercicio de derechos políticos

El diagnóstico documenta que, además de la violencia directa, las mujeres enfrentan barreras estructurales como desigualdad económica, falta de acceso a recursos para campañas, sobrecarga de trabajos de cuidado y limitaciones en redes de apoyo.

Estas condiciones no solo dificultan su participación, sino que también afectan sus trayectorias políticas, generando desventajas frente a sus pares hombres y limitando su permanencia en cargos públicos.

Asimismo, se identifican prácticas dentro de partidos políticos que van desde la exclusión en la toma de decisiones hasta la asignación desigual de recursos, lo que refuerza la idea de que la paridad formal aún no se traduce en una representación sustantiva.

Un desafío para la democracia

Desde la perspectiva institucional, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana reconoce que la violencia política en razón de género representa una de las amenazas más graves para la democracia, al limitar derechos, distorsionar la representación y desalentar la participación de las mujeres.

El organismo subraya que cada caso de violencia no solo afecta a una persona, sino que constituye un atentado contra los principios democráticos, al impedir que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos político-electorales.

Ruta hacia 2027: pendientes y recomendaciones

El documento concluye con una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política de género. Entre ellas destacan la necesidad de mejorar los mecanismos de denuncia, garantizar protección efectiva a las víctimas y promover cambios culturales dentro de las instituciones y partidos políticos.

Asimismo, plantea que el reto rumbo a futuros procesos electorales será avanzar hacia una democracia donde las mujeres puedan participar en condiciones reales de igualdad, libres de violencia y con garantías de seguridad.

El diagnóstico deja claro que, aunque existen avances en el marco legal, la erradicación de la violencia política en razón de género sigue siendo una tarea pendiente, que requiere acciones coordinadas entre instituciones, partidos políticos y sociedad civil.