Violencia contra las infancias; una realidad persistente en San Luis Potosí

Por: Sofía Mayela

De acuerdo a información del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en México habitan aproximadamente 38 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 63% han sido víctimas de agresiones físicas y psicológicas durante su desarrollo.

Este panorama expone la persistencia del maltrato infantil en el país, al mismo tiempo que evidencia la necesidad de visibilizar, prevenir y erradicar las prácticas que vulneran el bienestar pleno en la niñez.

En el ámbito local, estas cifras encuentran eco en los registros institucionales. Claudia Cuéllar, acompañante, defensora de los derechos humanos y abogada, señaló que entre 2020 y 2025, tan solo en la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de San Luis Potosí se han aperturado más de 10 mil carpetas de investigación por delitos en contra de niñas y niños.

A estos casos se suman más de 900 expedientes relacionados con reportes de Alerta Amber en el mismo periodo, así como más de 600 registros adicionales en distintas delegaciones del estado.

“Estamos hablando que en San Luis hay más de 10 mil carpetas en los últimos cinco años, lo que nos da a cinco carpetas diarias y dos de ellas son por delitos sexuales”, puntualizó.

Sin embargo, aunque las cifras resultan alarmantes, lo más preocupante es el limitado acceso a la justicia.

De acuerdo con la propia Cuéllar, apenas el 3.5% de estos casos logra avanzar en los procesos correspondientes, una situación que responde a factores estructurales y sociales.

“Tiene que ver con muchas cosas: el miedo de acudir a denunciar, de enfrentar los procesos, de asistir a entrevistas psicológicas o revisiones médicas, lo que provoca que las personas desistan y no den continuidad a sus casos”, explicó.

A ello se suman deficiencias institucionales, como la constante rotación de personal, que ha derivado en carpetas de investigación integradas hasta por siete ministerios públicos a lo largo de varios años, al igual que las barreras económicas y geográficas que enfrentan las víctimas.

“Si yo soy de un municipio y apenas gano el mínimo, no me voy a trasladar hasta el Ministerio Público a poner la denuncia”, añadió, hecho que evidencia cómo las condiciones sociales también limitan el acceso efectivo a la justicia para las víctimas de violencia.

Impacto psicológico del maltrato infantil

Desde la perspectiva psicológica, Mariana Martínez González, integrante del Centro de Evaluación Psicológica en San Luis Potosí, explica que cuando el maltrato ocurre dentro del entorno familiar, particularmente por parte de figuras de apego como madres o padres, las infancias tienden a interpretarlo como una falla propia.

“Cuando estas figuras no les están brindando seguridad, entra una disonancia cognitiva, es decir, hay mucha confusión y eso genera que ellos asuman el castigo como algo propio”.

Esta interpretación dificulta reconocer el abuso, a la vez que limita la búsqueda de ayuda, lo que termina por prolongar los ciclos de maltrato.

En este contexto, se integran emociones como la vergüenza, una de las menos visibilizadas, la cual inhibe que las víctimas hablen sobre lo que ocurre, a la vez que favorece la normalización de la violencia y propicia que las situaciones de abuso permanezcan con el tiempo.

En conjunto, las voces desde el ámbito psicológico y jurídico coinciden en una misma urgencia: romper el silencio y actuar.

Nombrar la violencia y visibilizarla es el primer paso para evitar que estas situaciones se perpetúen.

Las niñeces no son el futuro, son el presente, y lo que hoy se permita o se ignore tendrá repercusiones directas en la sociedad.

Por ello, garantizar espacios seguros para niñas y niños, si bien es una responsabilidad institucional, también exige un compromiso colectivo que reconozca la problemática, alce la voz y avance hacia un entorno donde la dignidad, como principio, deje de ser aspiración y se convierta en costumbre.