Tras denunciar violencia institucional, termina relación laboral de profesora de la UASLP

Organizaciones feministas y de derechos humanos, colectivas, redes académicas, profesoras, investigadoras y personas firmantes de un pronunciamiento manifestaron su preocupación por la terminación de la relación laboral de la Dra. Carla Monroy Ojeda, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

De acuerdo con el pronunciamiento, la separación laboral ocurrió en un contexto que previamente había sido denunciado por la académica y las integrantes de la colectiva Las 6N como de violencia institucional, hostigamiento y estigmatización.

Las firmantes señalaron que desde finales de 2025 Monroy Ojeda y otras integrantes de la colectiva denunciaron hechos relacionados con violencia de género, irregularidades al interior de la universidad y posibles vulneraciones a derechos humanos. A partir de entonces, afirmaron, se registraron actos de descrédito, exclusión y hostigamiento.

Como parte de este contexto, el 2 de diciembre de 2025 fue presentado ante el Consejo Directivo Universitario un documento en el que, según el pronunciamiento, se calificó a las integrantes de Las 6N como una “minoría porril, ruin, mezquina e indisciplinada” y se cuestionó lo que se describió como una “protesta perpetua e infundada”.

Las denuncias fueron llevadas ante instancias universitarias y sindicales, organismos de derechos humanos y órganos jurisdiccionales. Las organizaciones señalaron que un Juzgado Especializado en Órdenes de Protección para las Mujeres dictó medidas de protección a favor de Monroy Ojeda y otras profesoras.

Asimismo, indicaron que ante la inhabilitación y separación de funciones acordada por el Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de Derecho, la justicia federal concedió una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo promovido contra dichas medidas.

Sin embargo, sostuvieron que las resoluciones judiciales no se tradujeron en condiciones laborales efectivas para poner fin al hostigamiento que había sido denunciado.

En este contexto se realizó la evaluación que determinó la terminación de la relación laboral de la académica. Las organizaciones consideraron preocupante la decisión debido a que, según el pronunciamiento, Monroy Ojeda contaba con dos evaluaciones previas favorables, pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), Nivel I, tiene Perfil PRODEP y mantiene responsabilidades académicas, así como proyectos nacionales e internacionales.

También cuestionaron que la evaluación haya sido realizada exclusivamente por profesorado de la propia Facultad de Derecho, institución en la que se habían desarrollado los conflictos previamente denunciados.

De acuerdo con las firmantes, no participaron personas evaluadoras externas ni profesorado especializado en las áreas disciplinares de Monroy Ojeda: Criminología, Política Criminal y Ciencias Forenses.

Por ello, consideraron que existen dudas sobre las garantías de independencia, imparcialidad y objetividad del procedimiento, particularmente porque de esta evaluación dependía la continuidad laboral de la profesora.

Las organizaciones advirtieron que el caso no debe analizarse únicamente como un conflicto laboral individual, pues, a su consideración, también involucra la obligación de las universidades públicas de garantizar la libertad académica, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la protección de quienes denuncian posibles violaciones a derechos humanos.

Las firmantes hicieron un llamado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para que revise integralmente el caso de Carla Monroy Ojeda bajo estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos y con perspectiva de género.

También exhortaron a las autoridades laborales, jurisdiccionales y de derechos humanos competentes a analizar las decisiones adoptadas considerando el contexto completo en el que ocurrieron y no como hechos aislados.