San Luis Potosí: cuando la libertad de expresión queda fuera de la agenda del Congreso

• A casi un año de haber iniciado funciones, la LXIV Legislatura sigue sin instalar la Comisión Especial de Atención a Periodistas

Este 8 de septiembre, en el Día Internacional del Periodista, en San Luis Potosí quedó claro es que, por primera vez en siete años, el Congreso del Estado decidió prescindir de una comisión especial para atender al gremio periodístico. El mensaje es contundente: la libertad de expresión puede esperar, aunque los riesgos para ejercer el oficio en la entidad sean cada vez más evidentes.

En las legislaturas anteriores (LXII y LXIII) se integraron comisiones temporales, imperfectas quizá, pero que al menos reconocían la urgencia de un espacio institucional para escuchar y acompañar a quienes informan.

Hoy, en cambio, la legislatura actual mantiene el tema fuera de la agenda, como si se tratara de un asunto menor, pese a que organismos internacionales han colocado a San Luis Potosí en el mapa de los estados peligrosos para el periodismo.

Los diputados tienen explicaciones para todo. Marco Gama Basarte, desde la Comisión de Derechos Humanos, asegura que ya existe un Mecanismo Estatal de protección y que con eso basta. Un discurso cómodo: si el mecanismo fuera suficiente, no tendríamos denuncias de amenazas sin respuesta. Hablar de la “importancia de la libertad de expresión” mientras se mantiene la omisión institucional raya en la contradicción.

Héctor Serrano Cortés, presidente de de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dice que no se instaló la comisión porque “no ha habido un asunto específico”. Como si la precariedad laboral, las agresiones o los asesinatos contra periodistas fueran casos aislados y no parte de un problema estructural. Su declaración revela una peligrosa indiferencia: esperar a que ocurra una tragedia para entonces sí “justificar” la creación de la comisión.

Carlos Arreola Mallol, desde Puntos Constitucionales, reconoce lo obvio: que no instalarla es un incumplimiento legal. Aun así, la promesa es apenas llevar el tema a la Jucopo para “trazar una ruta de trabajo”. En otras palabras: posponer lo impostergable.

La realidad es simple: mientras los diputados ensayan discursos de apertura y voluntad, el Congreso permanece de brazos cruzados. No hay comisión, no hay acompañamiento, no hay agenda. El contraste con años anteriores es evidente: antes, al menos, existía un canal institucional —aunque limitado— para atender al gremio. Hoy, ni eso.

En San Luis Potosí, la libertad de expresión no se fortalece con frases huecas en efemérides, sino con acciones concretas. Y si los legisladores insisten en relegar el tema, serán responsables de perpetuar un silencio institucional que, en un estado de alto riesgo para el periodismo, puede costar vidas.