El censo de personas desaparecidas –con el que se podría rasurar la cifra de víctimas en este sexenio, según activistas– ocasionó el choque entre la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, y el presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de su gabinete. Tras tres meses de tensión, la comisionada presentó su renuncia.
Foto: Karla Quintana, la ahora excomisionada de la CNB, durante el reporte semestral de enero a junio de 2021 de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. (Lucía Flores/ObturadorMX)
Por: Redacción A Dónde Van Los Desaparecidos
Este miércoles 23 de agosto, en sus redes sociales Karla Quintana Osuna -quien desde febrero de 2019 encabezaba la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB)- informó que presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador. No explicó los motivos, sólo mencionó que fue “en virtud de los contextos actuales”, aunque trascendió que fue por su negativa al método de depuración del padrón de personas desaparecidas que se ordenó desde Presidencia desde mayo pasado.
Fuentes consultadas por A dónde van los desaparecidos aseguraron que la petición de renuncia a Quintana Osuana, así como a sus directores generales, fue pedida por autoridades “más arriba de la Segob [la Secretaría de Gobernación]”.
Al momento de su salida de la institución, en el portal de la CNB se publicaron extractos de la base de datos de personas desaparecidas que, durante todo el sexenio, la comisión se negó a hacer públicas y que ahora podían ser descargadas y consultadas por cualquier persona. La base completa cuenta con 292,525 casos de desaparición, 111,045 continúan sin ser localizados, 168,256 fueron localizados con vida y 13,224 sin vida.
“Es demasiado tarde, debía de haber renunciado hace mucho. ¿Cómo una funcionaria pone su renuncia en una cuenta de Twitter y ni la Segob ni Alejandro Encinas la han publicado? ¿Qué significa la renuncia ‘en el contexto actual’? Que quieren rasurar la base de datos y que, supongo, ella se negó”, señaló el especialista Jacobo Dayán, quien ha seguido de cerca el anuncio del censo del presidente López Obrador.
Criticó también que la base sigue incompleta, no tiene cuántas personas desaparecidas fueron encontradas vivas o muertas. “El resto de la ecuación también falla: el censo de fosas clandestinas y comunes, de cuerpos y la base genética que supuestamente tiene la Fiscalía General de la República, no es público”, señaló.
De acuerdo con una fuente consultada, el conflicto al interior del gabinete comenzó cuando se publicó que en el sexenio actual se superó el récord de desapariciones de las administraciones anteriores y que, en promedio, cada hora desaparecía una persona. Ante este panorama, la secretaria de seguridad pública, Rosa Icela Rodríguez, impulsó que se realizara una revisión de los casos de desaparición que, el 9 de junio de 2023, el presidente anunció como un “censo”.
Los métodos con los que se comenzó a verificar si había personas desaparecidas que estaban vivas, y que habían vuelto a sus hogares, causaron espanto y fueron considerados como revictimizantes por los colectivos de familias buscadoras, como publicó este medio.
La comisionada Quintana habría estado en contra de realizar el denominado censo de esa manera y, en consecuencia, fue marginada del proceso. El alejamiento también fue con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien había sido su aliado.
En su edición de agosto, la revista Proceso publicó que el presidente mostró en una reunión ante los 22 gobernadores de Morena y otros aliados su falta de confianza en la comisionada Quintana. Esto ocurrió el 23 de mayo, dos semanas antes del anuncio del denominado censo para ajustar la cifra de personas desaparecidas.
“La comisionada quería que no se rasurara (el censo) si no se presentaban pruebas de vida o muerte de que las personas habían aparecido, y que el aval de eso fueran las fiscalías”, confió una de las fuentes consultadas para esta nota.
Desde el 19 de julio de este año, A dónde van los desaparecidos publicó que funcionarios de la CNB, comisiones estatales de búsqueda y servidores de la nación visitaron domicilios de familias de personas desaparecidas en, al menos, cinco estados para preguntar por la persona buscada, alegando que ésta aparecía en las listas de vacunación por Covid-19, y no daban más información.
En algunos casos, los funcionarios fueron acompañados por personal de la Guardia Nacional y hasta pidieron inspeccionar hogares para cerciorarse de que las personas que atendían decían la verdad. A otros llegó un oficio, vía correo electrónico, con la misma información: el familiar desaparecido se había vacunado, pero no se contaba con más información. Esto alimentó esperanzas de familiares en búsqueda de que sus seres queridos estuvieran vivos. Cuando pidieron información de detalles no se les proporcionó.
Ante el escándalo López Obrador en su conferencia mañanera reconoció que se llevaba a cabo un programa de búsqueda “casa por casa”. La Comisión Nacional nunca aclaró la metodología y los protocolos con los cuales se llevaban a cabo esas visitas, tampoco respondió a las críticas.
Este medio publicó que las comisiones de búsqueda de Hidalgo, Coahuila y Durango, reconocieron que en el programa de visita casa por casa se había encontrado un alto porcentaje de personas que aparecían como desaparecidas en distintos cruces de padrones sociales, las cuales no habrían sido dadas de baja del padrón.
En Coahuila, por ejemplo, de una lista de 80 que arrojaron los padrones de programas sociales presuntamente encontraron entre 60 y 70; esto desató críticas de los colectivos de familiares.
Acuse dela renuncia de la extitular de la CNB Karla Quintana publicado en su cuenta de X.
El legado de Quintana
Quintana Osuna fue Secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), también fungió como Directora General de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Inició su gestión al frente de la Comisión Nacional, en febrero de 2019, con el respaldo y reconocimiento del presidente López Obrador y el subsecretario Alejandro Encinas. Se decía que era cercana a la exsecretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de la Nación.
En 2021, cuando estaba como comisionada se postuló para ocupar el cargo de Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que le valió críticas de las víctimas.
Entre las acciones que destacan durante sus cinco años en el cargo está la denuncia que puso contra su antecesor, Roberto Cabrera, por entregar la base de datos genética de familiares de personas desaparecidas a un laboratorio privado; sus visitas a campo a fosas y centros de exterminio; la creación de una base de datos de fosas comunes; el apoyo a entidades federativas para la creación de infraestructura forense, el cruce masivo de información para dar con indicios de posibles localizaciones y la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana.
Sin embargo, también se vio eclipsada por el retraso de más de cuatro años para la elaboración del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, su negativa para publicar la base de datos del RNPDNO –a pesar de un fallo en del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI)–, señalamientos de injerencia en el trabajo del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y la incapacidad para lograr coordinarse con la Fiscalía General de la República.
“Es un sistema quebrado, mientras que tenga que articularse la FGR con la CNB. Ella tenía que haber renunciado antes, desde que el INAI le ordenó publicar la base. ¿Por qué no te vas si el Presidente dice que no te tiene confianza, y si respalda al fiscal y manda a servidores de la nación a hacer el censo (de desapariciones) o si los militares no te dejan entrar cuando revisan las bases militares? Cuando pasa eso te tienes que ir”, señaló Dayán en entrevista.
La funcionaria renunció en medio de la conmoción nacional por la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno el pasado 11 de agosto y la publicación de un vídeo donde se les ve privados de su libertad.
Organizaciones civiles, activistas y periodistas lamentaron su renuncia en redes sociales. El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Prodh Juárez (Centro Pro) advirtió que su renuncia podría “revertir avances o incluso para manipular el Registro de Personas Desaparecidas, con el fin de presentar un descenso ficticio en tiempos electorales”.
Para esta nota se pidió una entrevista con la exfuncionaria pero no fue concedida.
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
