Reforma electoral avanza en SLP, pero sin cambios en autoadscripción de género

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma electoral que, si bien introduce cambios amplios al marco constitucional y legal en materia político-electoral, dejó fuera una de las propuestas más debatidas: el establecimiento de candados adicionales para la autoadscripción de género en candidaturas.

El dictamen fue avalado con 25 votos a favor y una abstención, e incluye reformas a la Constitución Política del Estado, la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Municipio Libre, la Ley de Control de Confianza y la Ley de Justicia Electoral, con el objetivo de armonizar la legislación local con el marco federal de cara al proceso electoral de 2027.

En el centro del debate legislativo se ubicó el tema de la paridad y la identidad de género en el acceso a cargos de elección popular. Aunque la reforma mantiene y refuerza el principio de paridad en la integración de los ayuntamientos, al establecer la conformación con presidencias municipales, sindicaturas y regidurías bajo este criterio, no incorporó mecanismos adicionales para verificar la autoadscripción de género en el registro de candidaturas.

La propuesta desechada buscaba que las personas que se autoadscribieran a un género distinto al de nacimiento presentaran, de manera preferente, documentación oficial que respaldara dicha identidad, además de abrir la posibilidad de que la comunidad LGBTIQ+ pudiera avalar su trayectoria en favor de estos sectores. El dictamen consideró inviable la iniciativa al señalar que impactaba en derechos humanos de especial protección constitucional y requería un estándar reforzado de análisis.

La discusión se dio en un contexto de antecedentes legislativos recientes. La diputada Jessica Gabriela López Torres expuso como referencia el caso del municipio de Venado durante el proceso electoral de 2024, donde se denunció que una persona modificó su autoadscripción de género al momento de registrarse para contender por una candidatura reservada bajo el principio de paridad.

En contraste con este debate, el paquete aprobado sí contempla medidas para fortalecer la participación política de las mujeres y juventudes, al establecer que los partidos deberán destinar al menos 5 por ciento del financiamiento público a la formación política de mujeres y 4 por ciento a juventudes, además de recursos para comunidades indígenas y afromexicanas.

Otro punto relevante en materia de género es que las solicitudes de registro de candidaturas deberán realizarse preferentemente mediante un sistema electrónico que garantice trazabilidad, seguridad e integridad de la información, como parte de la modernización del proceso electoral.

Asimismo, se incorporaron ajustes para permitir el voto de personas en prisión preventiva sin sentencia firme, así como la voluntariedad de evaluaciones de control de confianza para aspirantes a cargos públicos, sin que esto represente requisito de elegibilidad.

El Congreso también aprobó una reforma a la Ley de Justicia Electoral que introduce una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención o injerencia extranjera, con el argumento de proteger la soberanía y la integridad de los procesos democráticos.

La reforma se integra al paquete legislativo que deberá concluirse antes del arranque del proceso electoral local previsto para el 15 de noviembre.