Por: Guadalupe Gallegos
Guillermo Luevano Bustamante, investigador y coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), indicó que es preocupante la postura del gobernador Ricardo Gallardo Cardona respecto no proveer de más refugios a migrantes centroamericanos, así como estar en contra de darles empleo.
El catedrático explicó que los empleo que se tratan de habilitar a las personas migrantes, a través de visas humanitarias o permisos de trabajo que otorga el Instituto Nacional de Migración (INM), no son para quitarles a las y los potosinos.
Por lo que la posición del mandatario alienta una animadversión contra la población migrante, además de encuadrar en prácticas xenófobas en las que se considera que las y los migrantes quitan derechos a otros.
“Esto lo hemos escuchado en los gobiernos estadounidenses respecto a los mexicanos y no funciona así. Se trata también de un derecho al que acceden estas personas a través de un estatus migratorio, como ya lo dijo el gobernador, por diversos trámites que otorga el Instituto Nacional de Migración, se permite que las personas migrantes puedan trabajar legalmente en el país”, comentó.
Asimismo, Luevano Bustamante señaló que le corresponde al Gobierno del Estado fomentar políticas de inclusión laboral, para favorecer su debida inserción, formalización y regularización, así como su acceso al resto de sus derechos, como salud y empleo.
El investigador explicó que la inserción laboral de la población migrante favorece a todas las comunidades y entornos, además de que se trata de una cuestión humanitaria y de emergencia atender la cuestión de su alojamiento y asistencia, pues no se trata de una cuestión de caridad.
“Así como [el gobernador] manifiesta que si se le otorga algún auxilio, ya mejor van a venir 30 mil o 15 mil, dice, sin buscar empleo. Esta es una situación extraordinaria, de crisis humanitaria que se vive en Haití, que se vive en Centroamérica y que la política de nuestro país, históricamente, ha sido humanitaria, sobre todo en el tema del asilo, del refugio. La tradición mexicana ha sido de alojar a las poblaciones que tienen que salir de su lugar de origen”, reiteró.
Aunque se trata de una decisión del INM de otorgar las visas humanitarias y regularización, el investigador aclaró que le corresponde a los gobiernos estatales promover políticas de inclusión laboral, incluso si esto se trata de población originaria o vecina de la propia entidad, además de que la población migrante continuara su paso por el país con o sin programas de inclusión.
Por lo que lo más conveniente para ambas partes es que suceda en entornos regularizados, reconocidos por el estado, y que las personas migrantes estén acompañadas por las instituciones públicas.
Por último, Luevano Bustamante puntualizó que la Casa del Migrantes es un centro perteneciente a la Pastoral Social de la Iglesia Católica de Caritas y no un albergue público, por lo que el Gobierno del Estado sí puede ofrecer otra opción de alojamiento, por ser una cuestión excepcional y sobre todo humanitaria.
