Organizaciones y periodistas alertan por presunta criminalización de la libertad de expresión en SLP

Integrantes del Grupo Ciudadano de Trabajo (GCT), acompañado por organizaciones civiles, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, emitieron un pronunciamiento público para denunciar lo que consideran una “ola de detenciones, órdenes de aprehensión y persecuciones” contra comunicadores y activistas en San Luis Potosí.

En el documento, difundido este 2 de junio, el colectivo advirtió que estos hechos coinciden con la entrada en vigor del Decreto 0525, reforma al Código Penal estatal que incorpora el delito de “Mensajes Intimidatorios”, el cual, señalaron, podría abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias y al uso faccioso del sistema de justicia.

Las organizaciones reconocieron que la legislación contempla excepciones para actividades periodísticas y de defensa de derechos humanos; sin embargo, sostuvieron que las recientes detenciones evidencian riesgos en la aplicación práctica de la norma.

“El uso del aparato punitivo del Estado para detener a personas comunicadoras genera una censura previa de facto”, señalaron en el comunicado, donde también alertaron sobre posibles afectaciones a la cobertura periodística en temas de seguridad y violencia.

El pronunciamiento también hace referencia a reformas aprobadas en 2025 relacionadas con el uso “indebido” de la inteligencia artificial y el llamado “halconeo digital”, sobre las cuales, aseguran, especialistas ya habían advertido riesgos para la libertad de expresión.

Además, el GCT acusó omisiones dentro del Mecanismo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al señalar falta de transparencia, ausencia de canales accesibles de atención y procesos irregulares en la representación ciudadana del organismo.

Ante este escenario, las agrupaciones hicieron un llamado a organismos internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que mantengan vigilancia sobre la situación en San Luis Potosí.

Entre sus exigencias, solicitaron la revisión inmediata de los casos recientes de periodistas y personas defensoras detenidas, así como garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y la participación ciudadana dentro del mecanismo de protección estatal.

El desplegado fue respaldado por decenas de colectivos, organizaciones civiles, académicos y periodistas de San Luis Potosí y otras entidades del país.