La ciudad no es neutra: movilidad, género y los cuerpos que incomodan

Por: Adri Barrios

Hay personas que antes de salir de casa sólo revisan la hora. Otras revisan la ruta, el saldo del transporte, la iluminación de las calles que cruzarán, el horario de regreso y, casi sin notarlo, también su ropa. No porque la ropa provoque la violencia —esa idea ha servido históricamente para justificar agresiones— sino porque en una ciudad desigual el cuerpo nunca es invisible. La cuerpa es leída, interpretada y, muchas veces, disciplinada.

La movilidad urbana suele abordarse como un problema técnico: más camiones, mejores vialidades, menos tráfico. Sin embargo, moverse por la ciudad es una experiencia profundamente política, porque no todos los cuerpos ocupan el espacio público con el mismo margen de libertad. El derecho a la movilidad no se reduce a llegar de un punto A a un punto B; implica hacerlo en condiciones de seguridad, dignidad y autonomía. Y esa condición no está distribuida de manera igualitaria.

La teoría del derecho a la ciudad ha insistido en que el espacio urbano no es solamente un escenario físico, sino una construcción social atravesada por relaciones de poder.

Históricamente, la ciudad ha sido diseñada bajo lógicas productivistas y masculinizadas que priorizan el traslado lineal casa–trabajo–casa. Este modelo ignora la movilidad del cuidado: aquellas trayectorias más complejas, fragmentadas y frecuentes vinculadas al sostenimiento de la vida, al comercio informal o a la vida comunitaria.

Esa organización espacial no solo invisibiliza estas labores, sino que produce jerarquías sobre qué cuerpos son considerados “normales” en el espacio público y cuáles son vistos como disruptivos.

Las mujeres, las personas trans y no binarias, así como otras identidades disidentes, experimentan la ciudad bajo una vigilancia constante que se traduce en acoso, comentarios sexualizados, persecuciones o contacto físico no consentido. Estas violencias no son hechos aislados; forman parte de una violencia estructural que busca regular la presencia de ciertas cuerpas en la calle. Se trata de un mecanismo de control que opera de manera cotidiana y que condiciona la experiencia de movilidad.

En este contexto, la vestimenta aparece como una variable más, dentro de un cálculo más amplio de supervivencia urbana. No es la causa de la agresión, pero sí uno de los factores que las personas consideran al evaluar su nivel de exposición. Si el trayecto implica transporte público saturado, calles mal iluminadas o regresos nocturnos, la elección de la ropa puede estar atravesada por la necesidad de facilitar el movimiento, resguardar pertenencias o disminuir la atención no deseada. Ese ajuste no es banal; es la expresión concreta de que el miedo también organiza la ciudad.

Cuando alguien modula su expresión de género para evitar agresiones, estamos frente a una restricción indirecta del derecho a la libre expresión y del derecho a la movilidad. El problema no es la prenda ni el estilo, sino la estructura social que convierte ciertos cuerpos en blancos de violencia cuando ocupan el espacio público. La división sexual del espacio —esa idea histórica de que lo público pertenece a lo masculino y lo privado a lo femenino o andrógino— sigue operando de manera soterrada, recordándole a algunas personas que su presencia en la calle es constantemente evaluada.

La desigualdad en la movilidad no sólo se mide en kilómetros recorridos o en tiempos de traslado; también se mide en niveles de ansiedad, en estrategias de autoprotección y en renuncias silenciosas. Hay quienes cambian rutas, horarios o incluso oportunidades laborales para reducir riesgos. Esa adaptación constante no es libertad: es supervivencia.

Hablar de movilidad con perspectiva de género implica reconocer que el diseño urbano, la falta de iluminación adecuada, la deficiente prevención de violencias y la impunidad frente al acoso, no son fallas menores, sino omisiones que impactan directamente en el ejercicio de derechos. Una ciudad que obliga a ciertos cuerpos a calcular permanentemente su seguridad es una ciudad que distribuye la libertad de manera desigual.

El derecho a la ciudad supone la posibilidad de habitar el espacio urbano sin tener que negociar la identidad para poder transitar. Supone que nadie deba encoger su expresión, ajustar su presencia o atenuar su cuerpo para llegar a destino. Mientras la movilidad esté atravesada por el miedo y la violencia diferenciada, no podremos hablar de igualdad sustantiva.

La pregunta no es por qué alguien se viste de determinada manera. La pregunta es ¿Por qué la ciudad sigue castigando ciertos cuerpos cuando se atreven a ocuparla con plenitud?

Y esa pregunta, más que estética, es profundamente política