Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas; Una Fiscalía que no puede esperar

La creación de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en San Luis Potosí se anuncia, una vez más, como una promesa aplazada. Ahora, según la diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, será en 2026 cuando este organismo comience a funcionar “con marco legal y presupuesto”.

El argumento suena técnico, incluso razonable: falta que la Fiscalía General del Estado envíe su propuesta presupuestal para que el Congreso pueda dictaminar la creación de la nueva instancia. Pero detrás de ese trámite hay una realidad dolorosa e ineludible: cada día que pasa sin una Fiscalía especializada, se pierden vidas, rastros y esperanzas.

En San Luis Potosí hay más de dos mil personas desaparecidas, según cifras oficiales, y cientos de familias que viven entre la incertidumbre y la desesperación. Para ellas, las declaraciones políticas y los plazos administrativos no significan otra cosa que indiferencia institucional. No se trata solo de asignar recursos, sino de priorizar la búsqueda de personas como una responsabilidad de Estado, no como una promesa sujeta al calendario electoral o presupuestal.

La diputada Vázquez Hernández asegura que el Congreso está “listo” y que “hay disposición de todos para atender el tema”. Sin embargo, los hechos desmienten el entusiasmo: la ley que crea la Fiscalía fue aprobada hace meses, y aún no existe la estructura ni el personal especializado que exige la legislación. Lo que falta no es voluntad técnica, sino voluntad política.

Posponer la operación de esta Fiscalía equivale, en los hechos, a prolongar la impunidad. Significa más tiempo sin peritos especializados, sin unidades de análisis, sin coordinación efectiva con los colectivos de búsqueda. Es prolongar el abandono de las familias que han hecho el trabajo que el Estado no ha querido o no ha sabido hacer.

Las y los legisladores, así como la Fiscalía General, deben entender que la urgencia es hoy. No hay tiempo para más diagnósticos ni para promesas con fecha futura. Cada día sin esta Fiscalía en funcionamiento es un día más en que el Estado falla a su deber más básico: buscar, encontrar y garantizar justicia a quienes no están.