Fallo de la SCJN marca precedente nacional sobre educación universitaria gratuita; colectivo exige acción y presupuesto

El Colectivo Praxis Combativa (CPC) anunció una victoria jurídica sin precedentes tras la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Amparo en Revisión 305/2025, que confirma el derecho inmediato a la educación superior gratuita en México. La organización advirtió que el triunfo es un avance significativo, pero incompleto mientras las autoridades no garanticen los recursos necesarios para cumplir con el mandato constitucional.

Desde 2016, el CPC ha impulsado litigios estratégicos para ampliar el acceso a la educación universitaria, con más de 300 amparos promovidos y encabezados jurídicamente por el activista Luis Suárez. Con la reforma constitucional de 2019 que estableció la gratuidad en la educación superior, el colectivo fortaleció su labor mediante acciones legales y programas de apoyo como la “Beca Colectivo Praxis Combativa”, dirigida a estudiantes de sectores vulnerables.

La reciente resolución de la SCJN ordena a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) eliminar el cobro de cuotas y reintegrar los pagos de inscripción a la estudiante promovente. Aunque decisiones similares se habían dado en otros tribunales, esta sentencia adquiere relevancia nacional al ratificar que la gratuidad de la educación superior es un derecho de aplicación inmediata, sin gradualidad ni condicionantes.

El fallo abre la puerta para que estudiantes de todo el país promuevan amparos en defensa de este derecho, lo que podría transformar el panorama educativo nacional.

La omisión presupuestaria: el punto crítico

El CPC señaló que, pese a los avances judiciales, persiste un obstáculo estructural: la omisión de diversas autoridades para garantizar el presupuesto necesario. En los litigios del colectivo se ha responsabilizado al Ejecutivo estatal, al Ejecutivo federal, al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Educación Pública por no cumplir con las gestiones presupuestarias que permitan la gratuidad real.

Aunque el Poder Judicial ha reconocido estas omisiones, los alcances de los amparos se han limitado a frenar el cobro de fichas y cuotas, sin obligar aún a las autoridades a destinar recursos suficientes.

Ante este escenario, el CPC anunció una nueva fase de lucha centrada en exigir que se garantice el financiamiento para las universidades públicas:

1. Estrategia jurídica presupuestaria: promoción de amparos enfocados en obligar a las autoridades a asignar el presupuesto necesario para cumplir con la gratuidad.

2. Iniciativa legislativa: propuesta de una reforma que establezca un porcentaje mínimo del presupuesto nacional destinado a educación, acorde con estándares de la ONU y UNESCO.

El colectivo advirtió que la falta de recursos no solo compromete el funcionamiento de la UASLP y de otras instituciones públicas, sino que amenaza el desarrollo educativo del país.

“La gratuidad no se resuelve solo con sentencias: requiere voluntad política y presupuesto suficiente”, expresó la organización al llamar a autoridades y sociedad a defender el derecho a la educación como un pilar de igualdad y justicia social.