Por: Carlos Adrián Caballero
El 17 de febrero de 1940 se publicaba en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un nuevo Reglamento Federal de Toxicomanía, el cual derogaba unos nueve años anteriores debido a que establecía “una persecución de los viciosos (…) contraria al concepto de justicia que actualmente priva, toda vez que debe conceptuarse al vicioso más como enfermo a quien hay que atender y curar, que como verdadero delincuente que debe sufrir una pena”.
Como podemos apreciar en la redacción extraída del DOF, el gobierno abandona la política de persecución del consumo de drogas por una de asistencia. Esta concepción sobre el problema de las drogas adoptada hace casi un siglo por parte del gobierno, sorprendería incluso hoy en día, y, sin embargo, esta fue la que imperó (al menos durante un breve lapso) a finales de la presidencia de Lázaro Cárdenas.
La publicación del nuevo reglamento, además, reconocía que la política persecutoria solo había resultado en un incremento del precio de las drogas, cuyos únicos beneficiarios habían sido los distribuidores y los narcotraficantes, que ya por esos años sonaban en casos de violencia en lugares como Ciudad Juárez o la misma Ciudad de México.
Por tal motivo se diseñó un reglamento que adoptaba un enfoque que desde tiempo atrás impulsaba el doctor Leopoldo Salazar Viniegra. Un destacado médico mexicano que en vida propugnó por adoptar un enfoque racional, sanitario y de tolerancia a la cuestión de las drogas.
Antes había ganado cierta relevancia al publicar investigaciones que desmentían afirmaciones sobre las consecuencias del consumo de marihuana. Su participación e ideas permearon el reglamento de toxicomanía de 1940.
Este novedoso reglamento no solo abandonaba la idea de persecución al consumidor, le ofrecía atención sanitaria por parte del Estado, y asimismo contemplaba la apertura de dispensarios donde se vendería una dosis (previa prescripción médica) al consumidor a un precio mucho más bajo de lo ofrecido en el mercado negro y en condiciones sanitarias adecuadas.
Por poner un ejemplo, en aquel momento el precio del gramo heroína comprado de forma clandestina oscilaba los 48 pesos, en cambio, en el dispensario costaba tan solo 3 pesos con 20 centavos, sin mencionar que se trataba de un producto auténtico y no uno adulterado. También se contaba con un registro de las personas que acudían a estos sitios.
El primer dispensario vio la luz en la Ciudad de México del 9 de marzo de 1940, en la calle de Sevilla, cerca del edificio del Departamento de Salubridad Pública. Atendía diario entre 200 y 500 personas con distintos grados de adicción. Los casos más graves eran enviados directamente al Hospital de Toxicómanos.
La estrategia conjunta del Estado, implementada con las nuevas medidas, consistía en debilitar financieramente a los traficantes a través de la oferta y la demanda, al mismo tiempo que no dejaba de combatírseles, tomando como referencia la experiencia de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos y sus fatales consecuencias.
No obstante, pasadas tan solo unas semanas, se empezaron a manifestar problemas. Como era de esperarse, diversos sectores de la sociedad y algunos periódicos vieron con malos ojos la nueva medida.
Esto aunado a la molestia por parte de los vecinos que se quejaban del tipo de personas que acudían al lugar; en su mayoría gente que por su apariencia denotaba pobreza, enfermedad, y vicio. Algunos incidentes de robos relacionados con los “clientes” llegaron a reportarse.
La mala percepción del dispensario llegó hasta la embajada de Estados Unidos, ubicada cerca del lugar; misma que se combinó con el rechazo que manifestó el Gobierno Federal de los Estados Unidos (en esos momentos en su apogeo prohibicionista), el cual consideró que México respaldaba a todas luces la criminalidad.
El primer comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos del Departamento del Tesoro de los EE. UU., Harry Aslinger, una figura clave del prohibicionismo, ejerció gran presión sobre México para poner fin a su experimento. A pesar de los intentos de negociar del Departamento de Salubridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno estadounidense se mantuvo intransigente, y estableció un embargo comercial de medicamentos a México.
En ese momento, el país no contaba con la infraestructura para satisfacer la demanda de medicinas, y además la situación de la Segunda Guerra Mundial hacía más difícil conseguir medicamentos en el extranjero, por lo que, con esta medida de presión y extorsión, el gobierno mexicano no tuvo más remedio que cerrar los dispensarios y derogar el reglamento que había entrado en vigor apenas unos meses antes.
El 13 de julio de 1940 se anunciaba finalmente el cierre de los dispensarios, y con ello el fin de un experimento que pudo haber cambiado drásticamente el devenir histórico de México, y que muy probablemente hubiera ahorrado la violencia y la sangre que ha sido derramada por motivo de las drogas durante décadas en este país.
La injerencia norteamericana y las condiciones materiales jugaron en contra de México, el prohibicionismo y la irracionalidad se impusieron, pero casos como el de los dispensarios y la obra misma del doctor Salazar Viniegra, son cosas para retomar y analizar hoy en día que el problema de las drogas cobra enormes vidas, más relacionadas con la violencia y con las pésimas condiciones de producción y uso, que con el consumo en sí mismo.
Discutir sobre el uso despenalizado de la marihuana es un avance importante, pero debería extenderse el cuestionamiento a la dinámica prohibicionista en sí misma, la cual podemos asegurar ha sido un fracaso a nivel mundial.
