• La Rata

El calvario de ejercer la libertad sexual en un medio digital


Imagen tomada por Xochiquetzal Rangel

Por: Xochiquetzal Rangel


Berenice fue violentada por Carlos “N”, un estudiante de Medicina "orgullo UASLP" a quien de nada le sirvió ganar el primer lugar en el concurso "Trabajos electrónicos" que realiza la Sociedad Mexicana de Radiología en Imagen, para abandonar su violencia contra las mujeres y que no lo exime de haber incurrido en un delito, que abrió la esperanza de alcanzar la justicia para las estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).


En septiembre del 2020, una de sus ex novias que le proporcionó fotos íntimas en un ejercicio de confianza, acudió a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales para interponer una denuncia en contra del médico, quien cursa el tercer año de especialidad en Radiología e Imagen en la UASLP, por presuntamente haber difundido dichas imágenes.


No obstante, tras una nula actuación por parte de la Fiscalía, la víctima acudió a la Defensoría de los Derechos Universitarios, en donde luego de un año de diligencias e investigaciones, el órgano universitario emitió una recomendación histórica, la cuál contempla una amonestación pública del agresor, así como la posibilidad de suspensión de hasta por un año de sus derechos universitarios.


En la amonestación pública exhibida en la Facultad de Medicina, en donde se menciona el nombre completo de Carlos “N”, se acredita la conducta de violencia de género en su modalidad de violencia digital y se considera la acción que realizó como grave.


El proceso


Para Berenice (o bien poner para la afectada) el calvario, según señaló a través de Facebook, inició cuando recibió amenazas, hostigamiento y chantajes en su celular a través de números desconocidos para evitar difundir más las imágenes que le habían sido proporcionadas a Carlos “N”, cuando ella mantenía una relación con él y en un momento de vulnerabilidad.


Pese a que la víctima enfrentó a Carlos “N”, él únicamente le respondió que le habían hackeado su celular; aunque tiempo después, según lo indicado por la afectada, Carlos le habría brindado su apoyo al sujeto que la amenazaba constantemente.


Sin embargo, durante el derecho de audiencia que le proporcionó la Defensoría de los Derechos Universitarios al implicado, durante el proceso de investigación de la UASLP, Carlos no proporcionó prueba o dicho alguno para desvirtuar los "medios de convicción" que entregó la víctima, con lo que se consideró que presumible el residente de tercer grado de Radiología e Imagen difundió dichas imágenes íntimas.


"Yo perdí mi seguridad, mi estabilidad emocional, mi paz, confianza y libertad, detrás de cada visita a fiscalía, detrás de cada interrogatorio, de cada queja que he puesto, de cada declaración que he dado (ministerios públicos, fiscales, psicólogos, comandantes, etc), de cada visita a las diversas fiscalías, de cada vez que me lo topaba en el hospital y en las clases hay ansiedad, depresión, ataques de pánico, estrés postraumático y revivir una y otra vez el miedo de las amenazas que recibí. Mi vida no es igual y se que jamás lo será", se puede leer en el escrito emitido en su red social.


La luz al final del túnel


La titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UASLP, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, aseguró que durante la pandemia este tipo de delitos cibernéticos se incrementaron como parte la nueva dinámica de relación entre las y los jóvenes, pues este 2021 se inició otra carpeta de investigación por un segundo caso de violencia digital contra una estudiante.

"Yo perdí mi seguridad, mi estabilidad emocional, mi paz, confianza y libertad, detrás de cada visita a fiscalía, detrás de cada interrogatorio..."

Precisó que en el caso particular del estudiante de posgrado en la Facultad de Medicina, el proceso no ha concluido pese a que se emitieron las medidas cautelares para garantizar la seguridad de la víctima, así como la amonestación pública y la recomendación de suspensión de los derechos universitarios y laborales del implicado hasta por un año.


Para que se concrete esta sanción, dijo, aún se debe cumplimentar la etapa de instrucción.


En esta segunda etapa, se prevé que Carlos “N” sea citado por la directora de la facultad, asistida por la Oficina del abogado de la universidad, en donde el acusado podrá tener acceso al derecho de audiencia para desvirtuar o no las pruebas y señalamientos que realizó la víctima.


Una vez que concluyan estas acciones, será el abogado general quién emita la ratificación de sentencia o una nueva por menos tiempo o más años que los recomendados.

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