Desechan iniciativa ciudadana para crear unidades de género en escuelas; argumentan impacto presupuesta

• La propuesta fue presentada por las activistas Claudia Cuéllar y Mariana Juárez

La propuesta ciudadana buscaba establecer áreas especializadas en cada zona escolar o plantel público para orientar y atender a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.

La iniciativa ciudadana que proponía establecer un área o unidad de género en cada zona escolar o escuela pública de San Luis Potosí fue desechada, entre otros argumentos, debido a que su implementación implicaría un impacto presupuestal. A ello se sumó la consideración de que los planteles educativos ya cuentan con unidades y mecanismos destinados a atender situaciones de violencia en los espacios escolares.

La propuesta fue presentada en septiembre de 2023 por las activistas Claudia Cuéllar y Mariana Juárez, quienes plantearon modificar el artículo 22 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.

De acuerdo con las promoventes, la iniciativa surgió después de más de cinco años de trabajo directo en comunidades escolares, periodo en el que identificaron, según su planteamiento, carencias en materia de protocolos, lineamientos y estructuras específicas para atender casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

La propuesta contemplaba que cada zona escolar o escuela pública contara con una unidad de género con una estructura definida y personal encargado de orientar y atender a quienes enfrentaran algún tipo de violencia.

Sin embargo, durante el análisis legislativo se determinó que la creación de estas unidades representaría obligaciones adicionales con implicaciones presupuestales.

También se argumentó que actualmente las escuelas cuentan con áreas o unidades que tienen entre sus funciones la atención de situaciones de violencia dentro de los espacios educativos, por lo que no se consideró indispensable crear una nueva estructura para cumplir con ese propósito.

Las promotoras de la iniciativa habían sostenido que las modificaciones realizadas en 2023 a la Ley de Educación del Estado no eran suficientes por sí mismas, al considerar que hacía falta una estructura específica que permitiera llevar a la práctica las disposiciones relacionadas con la prevención y atención de la violencia de género en el ámbito escolar.

La propuesta también fue vinculada por sus impulsoras con las acciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género vigente en San Luis Potosí, particularmente aquellas relacionadas con la protección de niñas y adolescentes dentro del sistema educativo.

Las activistas señalaron que desde la Legislatura anterior buscaron reunirse con diputadas y diputados para exponer la iniciativa, mientras que posteriormente realizaron solicitudes por escrito ante distintas comisiones legislativas, entre ellas las de Igualdad de Género; Derechos Humanos; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, así como la de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte.

En la exposición de motivos de la iniciativa se utilizaron también estadísticas nacionales para advertir sobre la dimensión de la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes.

El Primer Informe de la Comisión para Poner Fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA) reportó que entre 2015 y 2020 los casos de lesiones por violencia sexual contra niñas y niños menores de cinco años aumentaron 76.1 por ciento. El mismo documento señaló que en 78.5 por ciento de los reportes los agresores eran familiares o personas conocidas.

Asimismo, se indicó que 92.4 por ciento de los casos de violencia sexual registrados entre personas menores de 18 años correspondió a mujeres.

La iniciativa planteaba que la prevención y atención de estas conductas requiere de mecanismos especializados dentro de los espacios educativos, al considerar que las escuelas constituyen uno de los ámbitos donde pueden detectarse y canalizarse situaciones de violencia.