Congreso de SLP recibe acuerdo para regular uso de celulares y dispositivos digitales en escuelas

El Congreso del Estado de San Luis Potosí recibió el Acuerdo Número 09/09/26, emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante el cual se establecen condiciones para garantizar el uso responsable, seguro y pedagógico de teléfonos celulares, dispositivos digitales personales y tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.

El acuerdo, firmado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, fue publicado el pasado 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación y establece disposiciones diferenciadas para educación básica, media superior y superior.

El objetivo, de acuerdo con el documento, es garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y generar condiciones que favorezcan el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral dentro de las comunidades educativas.

¿Qué pasará con los celulares en las escuelas?

Para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, se establece la restricción del uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y otros dispositivos electrónicos personales durante toda la jornada escolar.

Su utilización quedará permitida cuando exista una finalidad educativa previamente programada y bajo orientación docente, así como en situaciones de emergencia, por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión o necesidades de salud, entre otras circunstancias particulares y extraordinarias de las comunidades educativas.

El acuerdo contempla distintas modalidades para que los planteles determinen cómo se aplicarán estas disposiciones, entre ellas:

• Espacio de resguardo en el aula: los dispositivos podrán ser retirados y colocados en un espacio designado por el plantel, bajo custodia de las autoridades escolares.

• Uso limitado por tiempos y espacios: se permitirá en momentos y zonas previamente establecidos por la comunidad escolar.

• Uso programado: podrán establecerse determinados días o momentos para utilizar los dispositivos como herramientas de aprendizaje.

• Sin uso: los dispositivos no podrán utilizarse durante toda la jornada escolar.

En educación media superior, no se establece una prohibición general. Las instituciones deberán acordar con sus comunidades educativas las medidas para limitar el uso no pedagógico de celulares y otros dispositivos durante la jornada escolar.

Para educación superior, se promoverá el uso responsable y seguro de estos equipos, respetando la autonomía académica y administrativa de las universidades e instituciones de este nivel.

El documento señala que la aplicación de estas medidas deberá privilegiar un enfoque formativo, preventivo y de corresponsabilidad, por encima de un esquema exclusivamente restrictivo o punitivo.

La SEP plantea que la regulación debe acompañarse de acciones para que estudiantes, docentes y familias comprendan los beneficios y riesgos asociados al uso de tecnologías digitales y desarrollen criterios para utilizarlas de manera responsable.

Antes de su emisión, la propuesta fue presentada ante el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) y posteriormente recibió observaciones de autoridades educativas estatales, organismos como la UNESCO y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). La propuesta final fue aprobada por unanimidad durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del CONAEDU, realizada el 18 de septiembre.

Estados deberán armonizar sus normas

El acuerdo entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026. A partir del día siguiente de su publicación, las autoridades educativas deberán iniciar asambleas con madres, padres de familia, personas tutoras y demás integrantes de las comunidades educativas para informar, difundir y construir acuerdos sobre su aplicación.

Una vez que entre en vigor, las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México tendrán 180 días naturales para emitir o, en su caso, armonizar los instrumentos jurídicos correspondientes dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

Además, el acuerdo establece que cada seis meses las autoridades educativas estatales, en coordinación con la SEP, deberán generar espacios de diálogo y retroalimentación para revisar los avances de su implementación y realizar los ajustes que sean necesarios.

De esta manera, la aplicación de las nuevas disposiciones quedará sujeta a un proceso de adaptación en cada entidad y comunidad educativa, considerando sus características y necesidades particulares.