Congreso de SLP aprueba ampliar criterios para investigar y acreditar feminicidios

El Pleno del Congreso del Estado aprobó el Decreto que reforma el artículo 135 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en el artículo que tipifica el delito de feminicidio, para incorporar características que faciliten la investigación adecuada de estos crímenes, evite su impunidad y garantice a las víctimas el acceso a la justicia.
El dictamen presentado por la Comisión Primera de Justicia, que preside la diputada Leticia Vázquez, establece la ampliación de los ámbitos de violencia previa y de las relaciones interpersonales que facilita la acreditación probatoria del elemento “razones de género”, sin alterar la penalidad ni crear un tipo penal abierto o indeterminado que vulnere el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.
La reforma establece la incorporación de características para considerar que existen razones de género, el que haya existido relaciones de subordinación institucional, laboral, docente o religiosa, o de servicio o cualquier otra que implique, de manera formal o de hecho, una relación de subordinación o superioridad.
El que la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión o desprotección real, causado por edad, embarazo, discapacidad, dependencia de cuidados, consumo de sustancias, somnolencia o alteración del estado de conciencia, voluntaria o involuntaria, o por dificultad de comunicación para recibir auxilio, ya sea por razón de la distancia a un lugar habitado o por existir algún impedimento físico o material para solicitarlo, o cualquier otra condición que inhibiera su capacidad de defensa.
Que la víctima haya sido reportada como desaparecida u objeto de búsqueda por sus familiares, por particulares o por autoridades, previamente a la localización de su cuerpo o restos, o que el cuerpo o los restos de la víctima hayan sido expuestos, arrojados, enterrados u ocultados en un lugar público o privado.
El delito se sancionará con una pena de 40 a 60años de prisión, y sanción pecuniaria de cuatro mil a seis mil días del valor de la unidad de medida y actualización; y se aumentará hasta en una tercera parte de su mínimo y máximo, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: exista pluralidad de sujetos activos en la comisión del delito; el delito se cometa en contextos de trata de personas o explotación sexual en agravio de la víctima; se cometa en presencia de una o más personas con quienes la víctima tuviere un vínculo de parentesco, afectivo o de confianza, o cuando la víctima sea niña o adolescente.
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