CEEPAC dicta medidas cautelares por violencia política de género contra jueza en SLP

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) emitió una resolución dentro del expediente PSE-01/2026, en la que determinó la procedencia de medidas cautelares tras una denuncia por presuntos actos de violencia política en razón de género contra la jueza Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez.

Se trata de un caso inédito en la entidad, al involucrar a una mujer en funciones jurisdiccionales, lo que marca un precedente en la protección de sus derechos dentro de espacios de toma de decisiones.

De acuerdo con el organismo electoral, las medidas tienen carácter provisional y buscan salvaguardar los derechos de la denunciante, además de establecer mecanismos de supervisión para garantizar su cumplimiento por parte de las autoridades correspondientes.

El análisis del CEEPAC señala que la difusión de contenidos en redes sociales, particularmente un video en el que la jueza aparece en un contexto de confrontación dentro de un órgano jurisdiccional, podría ir más allá del interés público informativo. Según el documento, estos materiales incorporan elementos que pueden colocarla en una situación de descrédito, vulnerabilidad y cuestionamiento de su capacidad para ejercer el cargo.

Asimismo, el organismo advirtió que la manera en que dicho contenido ha sido presentado y amplificado podría trascender el escrutinio legítimo, al incluir narrativas que deslegitiman el actuar de una mujer en funciones públicas, lo que, bajo una perspectiva de género, puede reproducir estereotipos y constituir violencia simbólica.

En su resolución, el CEEPAC recordó que la violencia política en razón de género puede manifestarse a través de conductas como la difamación, la injuria o la descalificación basada en estereotipos, así como mediante acciones que limiten o afecten el ejercicio de derechos políticos y el desempeño de funciones públicas por parte de las mujeres.

Por ello, se ordenó la implementación de medidas orientadas a la remoción de contenidos digitales vinculados a estas conductas, así como el seguimiento institucional para verificar su cumplimiento, conforme a la normativa vigente.

La resolución se emite en un contexto de creciente visibilización de agresiones contra mujeres en funciones jurisdiccionales, incluyendo presión social, ataques verbales y difusión de contenidos fuera de contexto, lo que ha abierto el debate sobre la necesidad de garantizar entornos libres de violencia.

El procedimiento continuará conforme a las etapas legales correspondientes, mientras que las determinaciones emitidas por el órgano electoral se limitan al análisis del contenido difundido y su posible impacto en los derechos de la denunciante, sin prejuzgar sobre otros aspectos relacionados con los hechos de origen.