Autoridad judicial concede suspensión en la elección en la Facultad de Derecho de la UASLP

La elección para designar a la persona titular de la Dirección de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) quedó nuevamente suspendida luego de que un académico promoviera un juicio de amparo y la autoridad judicial concediera una suspensión provisional.

La resolución del Juzgado Sexto de Distrito, con fecha del 9 de diciembre de 2025, ordena detener cualquier acto encaminado al nombramiento hasta que se resuelva la suspensión definitiva. El expediente y la resolución se encuentran en el incidente de suspensión 1848/2025-VII.

El quejoso, José Edgar Durón Puente, denunció que fue excluido del proceso de selección pese a haber presentado la documentación exigida en la convocatoria (con acuse de recibo fechado el 14 de noviembre de 2025). El Juzgado consideró que la exclusión reviste efecto real y podría causar perjuicios de difícil reparación (es decir: si se nombra a alguien sin que el quejoso haya podido competir, su derecho quedaría sin posibilidad de reparación plena), por lo que otorgó la medida cautelar.

Desde mediados de noviembre varios grupos de docentes y aspirantes han denunciado irregularidades en la integración de la terna y en el procedimiento del Consejo Técnico de la Facultad.

La suspensión implica que no puede nombrarse a una persona titular hasta que se resuelva la suspensión definitiva, lo que preserva la materia del juicio de amparo y evita que el procedimiento universitario se consolide sin la participación de quienes fueron excluidos.

Si las irregularidades denunciadas se confirman, existe riesgo de vulneración de principios constitucionales y estatutarios (igualdad, no discriminación, debido proceso), lo que podría derivar en resoluciones favorables en la sentencia de fondo o en la nulidad del procedimiento.

La audiencia incidental quedó programada para las 9:38 horas del 16 de diciembre de 2025, fecha en la que se analizará si la suspensión se mantiene de manera definitiva mientras avanza el juicio de amparo.

Asimismo, se requirió a las autoridades universitarias rendir un informe previo en un plazo de 48 horas y se les apercibió de que, en caso de incumplir, podrían ser acreedoras a una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización.