Mariana Hernández, mujer cuidadora y presidenta del colectivo Cuidadoras Potosinas, enfrenta la discriminación y violencia laboral tras ser despedida del IMSS por atender las necesidades de su hijo con discapacidad. Su batalla legal destaca la urgencia de una perspectiva de género en el sistema judicial. La historia resalta la importancia de la solidaridad, las redes de apoyo y la necesidad de reformas para proteger los derechos humanos de las mujeres cuidadoras en un entorno laboral más inclusivo. La sentencia favorable obtenida marca un precedente crucial para reconocer los desafíos enfrentados por estas mujeres.
Por: Nallely González
Mariana Hernández Noriega es psicóloga especialista en derechos humanos, equidad de género y grupos vulnerables de alto riesgo, grupo al que ella pertenece porque es madre y cuidadora de un niño con discapacidad adquirida, que requiere su atención y cuidados 24 horas al día, los siete días de la semana.
Su labor como cuidadora primaria de su hijo con discapacidad neuromotora es definido por ella misma como un trabajo sin horario de descanso, sin sueldo, sin prestaciones, sin posibilidades de ascenso, donde no hay relevos ni para comer o descansar; un trabajo de alta demanda donde tiene que estar alerta a las crisis médicas en todo momento, ya que de ella depende la vida de su hijo.
La necesidad de atender las crisis médicas de su hijo, que evidentemente no tienen agenda definida, fue el motivo por el cual fue despedida injustamente de su trabajo en el IMSS y con ello dio inicio una tediosa batalla legal para lograr justicia y reparación del daño provocado.
En el Artículo 18, Párrafo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño se destaca la importancia de crear condiciones laborales que permitan a los padres y madres cuidadores cumplir sus responsabilidades hacia las niñas y los niños a su cargo.
Este compromiso incluye la implementación de políticas en el lugar de trabajo que consideren las necesidades familiares, como la licencia parental, el apoyo a la lactancia materna, el acceso a servicios de guardería y la eliminación de la discriminación y la violencia laboral.
Mariana ingresó a trabajar al IMSS en el año 2006 y durante siete años no tuvo problema alguno para cubrir su horario laboral. Sus dificultades iniciaron en 2013, cuando su hijo más pequeño sufrió hipoxia cerebral debido a una omisión de cuidados por parte de su ahora expareja, quien dejó al pequeño de cinco meses de edad en el coche durante un período de cuatro horas.
El niño llegó al hospital sin signos vitales, y fue en ese momento cuando la vida de Mariana cambió por completo.
El diagnóstico médico fue que el pequeño no podría caminar, escuchar ni ver; además de presentar daño cerebral severo. Las necesidades y prioridades de Mariana como madre cuidadora cambiaron significativamente, y el ámbito laboral no fue la excepción.
La doctora Maribel Cruz, investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la UASLP, quien comparte con Mariana la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas cuidadoras (que en el 75% de los casos son mujeres, según datos de la primera Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, Enasic 2023,) afirma que las cuidadoras son un ente con vida y derechos propios, que viven una doble discriminación: la que sufren ellas mismas por ser cuidadoras y la del paciente a su cargo, cuya discapacidad, mientras más profunda sea y de más cuidados requiera, les imposibilita el acceso al trabajo formal y por consiguiente no tienen seguro, no tienen casa y no tendrán pensión.
Mariana relata que en su trabajo tenía que solicitar pases de entrada o salida ocasionales, ya que debía atender emergencias médicas en las que la vida de su hijo corría peligro. Dichos permisos le eran negados por personal de confianza del IMSS, quienes veían como molestia sus peticiones, ya que desconocían la complejidad de los cuidados que un niño con discapacidad requiere y, por ende, las necesidades específicas de quienes se encargan de su atención.
Con el paso del tiempo, la violencia en el centro de trabajo hacia Mariana incrementó, a tal grado que llegó a ser amenazada y vigilada minuciosamente, lo que no ocurría con sus compañeras y compañeros de trabajo.
Durante la pandemia la violencia escaló a lo físico, cuando personal del IMSS la sacó de manera violenta de su área de trabajo para impedirle la realización de sus funciones y poder acusarla de abandono laboral.
Este hecho la llevó a tomar la primera acción legal, consiguiendo en 2019 una orden de restricción contra su jefe de área, Alejandro Juárez, por violencia de género y discriminación por asociación.
Las violencias, sin embargo, no cesaron, sino que continuaron los años siguientes.
En marzo de 2023 Mariana solicitó un permiso para ausentarse por tres días a fin de llevar a su hijo a unos estudios médicos; sin embargo, fue despedida bajo el argumento de incurrir en “faltas” durante los días del permiso que ella ya había pedido, pero que no fueron reportadas por sus superiores en tiempo y forma.
La Observación General número 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad destaca la discriminación por asociación, especialmente en mujeres que desempeñan roles de cuidadoras. Esto resalta la necesidad de abordar la discriminación y los prejuicios contra quienes cuidan a personas con discapacidad, reconociendo su valioso aporte a la sociedad.
Entonces empezó una nueva batalla legal que, según sus propias palabras, ha sido desgastante y compleja, pero que busca rectificar la injusticia que sufrió. De su experiencia destaca los desafíos enfrentados por mujeres cuidadoras y la falta de protocolos que consideren sus condiciones únicas en el sistema judicial.
Tal como afirmó la doctora en antropología y estudios de género Laura Edith Saavedra Hernández, en el marco de las conferencias “Derechos humanos, diversidad y Discapacidad”, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP en enero de 2024, en México solo hay cuatro estados que no destinan presupuesto para capacitar a las y los funcionarios del Poder Judicial con perspectiva de discapacidad, y uno de ellos es San Luis Potosí, lo que representa un llamado a la reflexión sobre la necesidad de un enfoque más inclusivo y empático en la toma de decisiones legales.
El apoyo que Mariana ha recibido de la colectiva "Cuidadoras Potosinas" -de la que es fundadora- así como de parte de abogadas, mujeres del personal de salud y amigas, ha sido fundamental.
Esta red de apoyo no solo le proporcionó ayuda emocional y económica, sino que también le permitió comprender el sistema legal y abogar por sus derechos y los de otras mujeres cuidadoras a través de procesos de incidencia política.
Las abogadas Raquel Charqueño y Cecilia Valdivieso, acompañantes en el caso de Mariana, comparten que Mariana obtuvo, en diciembre de 2023, una sentencia favorable por su despido injustificado, misma que obliga al IMSS, en primera instancia, a reinstalarla en su puesto de trabajo y, posteriormente, a establecer una jornada laboral con las adecuaciones requeridas para ella y las necesidades de su hijo con discapacidad.
Esta sentencia no solo es un triunfo personal, sino que establece un precedente crucial para la visibilización de las luchas que encaran las mujeres cuidadoras. Este hito legal podría influir positivamente en futuras decisiones judiciales y sociales, que hallarían fundamento para reconocer la dificultad que las cuidadoras primarias que carecen de una red de apoyo enfrentan para mantener empleos remunerados en condiciones adecuadas.
Actualmente la sentencia está en un Tribunal Colegiado que ha reconocido que estos asuntos se tienen que juzgar con perspectiva de género, ya que hay una situación de desigualdad histórica, donde las mujeres son las que se dedican a los trabajos de cuidado. Esto marca un precedente a nivel nacional para que los jueces reconozcan los trabajos de cuidado y que son las mujeres quienes los ejercen, señaló Raquel Charqueño.
Por su parte, la también abogada Celia Valdivieso asegura que una mujer sola no puede enfrentarse a este tipo de procesos, por lo que las redes de apoyo son fundamentales. Añade que es necesario reflexionar sobre la protección de los defensores de derechos humanos, como Mariana, para que la sociedad impulse este tipo de luchas con una visión de derechos humanos y de respeto a la dignidad de las personas.
Asimismo, es crucial reflexionar sobre la paradoja que representa el reconocimiento público del que Mariana ha sido objeto por su labor como cuidadora y promotora de derechos, y cómo ello contrasta con la incapacidad de la institución pública donde trabajaba para respetar sus derechos laborales.
Ese contraste subraya la urgencia de que los centros de trabajo dependientes del Estado sean líderes en el respeto a los derechos laborales de sus empleados, actuando con ejemplaridad y reconociendo las perspectivas mencionadas.
Además, evidencia la necesidad de reconocer y recuperar experiencias como la de Mariana para mejorar las políticas gubernamentales y públicas que aborden las necesidades particulares de poblaciones vulnerables.
Esto requiere la apertura de espacios diseñados específicamente para este fin, tanto a través de grupos ciudadanos organizados, como en espacios institucionales para la incidencia política como es el caso del Congreso local y otros actores con capacidad para tomar decisiones.
No hacerlo, no sólo invisibiliza la lucha de mujeres como Mariana, sino que perpetúa el ciclo de violencia del que han sido víctimas.
Este texto fue elaborado en el marco de la convocatoria “Voces en Riesgo: de hacer la historia, a ser la historia”, a través de la cual se convocó a mujeres periodistas, defensoras e interesadas en la promoción y difusión de los derechos humanos, a investigar y narrar historias sobre los riesgos, amenazas y violencias que enfrentan las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en el estado de San Luis Potosí.
Dicha convocatoria fue elaborada y promovida por Educación y Ciudadanía AC, como parte de las actividades del proyecto “Acciones para la seguridad y protección de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en SLP”, financiado por la Unión Europea, a través de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), Centro de derechos humanos de las mujeres, A.C., y Consorcio OAX.
