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Solicitan a CEDH acción de inconstitucionalidad vs consulta a personas con discapacidad


Por: Karina Méndez


Personas con discapacidad, familiares y organizaciones de personas con discapacidad solicitaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que promueva una acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso del Estado por la consulta hecha a este sector.


A través de una carta enviada a la presidenta de la CEDH, Giovanna Argüelles Moreno, solicitaron que se emita una acción de inconstitucionalidad en contra dos decretos publicados el miércoles 7 de junio en el Periódico Oficial del Estado (POE).


Estos decretos se refieren a la reforma del artículo 40 en su fracción I, y la derogación del artículo 11, fracción XVIII, de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí; así como la derogación del Título Primero, capítulo IV “De la Familia de los Usuarios” y el artículo 4 Bis, de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí.


Los denunciantes señalaron que esto se debe a que la consulta a personas con discapacidad no cumplió con los parámetros mínimos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por la Observación número 7 del Comité de Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).


Entre los lineamientos que consideran que no se siguieron se encuentra que la convocatoria fue confusa, larga y con lenguaje técnico; no realizó acciones para obtener respuestas diferenciadas; no fue accesible para las personas a las que estaba destinada ni hubo una participación efectiva.


Asimismo, señalaron que durante la consulta hubo promoción de la figura del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, así como proselitismo hacia el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).


“(…) esperamos que la acción de inconstitucionalidad que estamos solicitando pueda redundar en políticas públicas en las que se creen mecanismos y procedimientos adecuados y transparentes para tener en cuenta las opiniones de las personas con discapacidad cuando se motive una decisión pública”, señalaron en la carta.

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