Por: Karina Méndez
La colectiva Tendederos de Deudores Alimentarios indicó que la aprobación en el Senado de la República para la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, o registro de deudores alimentarios, abre una nueva luz para su aplicación a nivel local.
Este jueves 23 de marzo, el Senado aprobó con 28 votos a favor y cero en contra las reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para crear dicho registro.
Al respecto, la colectiva indicó que es muy positiva esta reforma. Sin embargo, recordó que las leyes federales pueden no aplicarse en su totalidad en los estados y municipios debido a su condición autónoma.
No obstante, celebró que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias incluye sanciones y restricciones para las personas que sean deudores alimentarias, lo cual también piden que se aplique para San Luis Potosí.
De acuerdo con la reforma, el certificado de no inscripción al registro deberá ser presentado para realizar trámites de: licencias y permisos de conducir, pasaporte o documento de identidad y de viaje; participar como candidato a cargos de elección popular; participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal; trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales; solicitar matrimonio, pues la persona del Registro Civil deberá informar a los contrayentes si alguno está en el registro de los que no pasan pensión alimenticia.
Asimismo, se aplicarán restricciones migratorias contra quienes deban la pensión alimenticia a sus hijos e hijas, y cuando existan pruebas para determinar que es un riesgo que la salida del país se use como medio para evadir el pago de la deuda.
Por otra parte, la colectiva espera que esta aprobación ejerza una presión en el Congreso del Estado para que emitan el registro de manera correcta y como se ha hecho a nivel federal, pues es público.
“Hace presión, en cuestión de que si se aprobó en el Senado, por qué no también en el estado. (…) Estado que se niegue a homologar [el registro] de la misma manera como lo está haciendo el Senado es porque tiene algo que esconder, es porque está protegiendo a alguien”, finalizó la colectiva.
