Las ministras y ministros argumentaron deficiencias en la técnica jurídica sin analizar el fondo del asunto
Por: María Medrano
Este miércoles en sesión remota, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó con cuatro votos en contra y uno a favor, el proyecto de resolución del amparo 636/2019 que buscaba obligar al Congreso de Veracruz a reformar sus leyes y despenalizar la interrupción del embarazo en esa entidad.
Los argumentos en contra del proyecto se fundamentaron en fallas de técnica jurídica en torno a la figura de “omisión legislativa”.
La omisión legislativa se presenta cuando una legislatura incumple con un mandato específico proveniente de una autoridad superior, en la que se otorga un plazo determinado.
Norma Lucía Piña Hernández, la primera ministra en votar en contra, explicó que, al reclamarse una omisión legislativa, se “colapsaría el concepto mismo” que ha sido ampliamente estudiado por la SCJN. Abundó que votar a favor abriría la puerta a que otras normas sean cuestionadas para ser tratada en determinado sentido.
Consideró que no hay omisión legislativa, debido a que en Veracruz hay una ley que permite la interrupción del embarazo ante causales definidas. Además de que la corte excedería sus funciones al obligar al Congreso de Veracruz a votar determinado tema en un sentido específico cuando no existe, en su opinión, un mandato superior.
La ministra Ana Margarita Ríos Fajart, coincidió en los argumentos de su homóloga y sugirió que un primer paso, previo al amparo, debió ser la impugnación a norma. “Este es un problema de técnica jurídica para mí. Desafortunadamente esto me impide pronunciarme respecto al fondo del asunto y por tal razón no comparto el proyecto”.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, recordó que en una resolución previa su voto fue similar, por lo que en congruencia votó en contra. También el ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se sumó a sus compañeros.
En contraste, tras emitir su voto a favor del proyecto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, consideró que las convenciones internacionales signadas por el Estado mexicano (CEDAW, Belém do pará) obligan a todas las instituciones, incluyendo a las legislaturas, a votar a favor de la despenalización del aborto.
“Los tratados internacionales son claros, son categóricos, existe una obligación inmediata de reformar aquellas normas que sean discriminatorias y/o que sean fuentes de violencia en contra de las mujeres (…) Es imperativo estudiar las normas que afectan a las mujeres a la luz de un examen de igualdad transformadora”.
El asunto será turnado a otro ministro para que genera un nuevo proyecto por lo que el tema será nuevamente analizado por el pleno de la SCJN.
