No pude existir una seguridad pública con perspectiva de género si quienes la garantizan continúan enfrentando desigualdad dentro de sus propias instituciones
- La Rata

- 30 jul
- 3 min de lectura

Por: Natalia Elizabeth Gutiérrez Valenzuela
Durante décadas, las instituciones policiales fueron concebidas y desarrolladas bajo estructuras predominantemente masculinas. La incorporación de las mujeres a las corporaciones de seguridad pública constituyó un avance histórico; sin embargo, el acceso al uniforme no significó, por sí mismo, el acceso a condiciones reales de igualdad.
Hoy, miles de mujeres policías desempeñan funciones operativas, de investigación, inteligencia, proximidad social y atención especializada a víctimas. Su preparación, capacidad y profesionalismo han quedado demostrados en cada espacio que ocupan.
Aun así, muchas continúan enfrentando obstáculos que no derivan de su desempeño, sino de prácticas institucionales que reproducen estereotipos de género, relaciones desiguales de poder y formas de violencia normalizadas.
La discriminación no siempre se presenta de manera evidente. También se manifiesta cuando el liderazgo femenino es constantemente cuestionado; cuando las oportunidades de ascenso son limitadas; cuando la maternidad se convierte en un obstáculo profesional; cuando el acoso y el hostigamiento se minimizan; o cuando una mujer debe demostrar el doble para recibir el mismo reconocimiento que un hombre.
Esta realidad adquiere una profunda contradicción cuando muchas de esas mujeres son, precisamente, las primeras respondientes en casos de violencia familiar, violencia sexual o violencia contra las mujeres por razón de género. Ellas reciben denuncias, protegen víctimas, ejecutan medidas de protección y representan para muchas mujeres el primer contacto con el Estado. Sin embargo, algunas realizan esa labor dentro de ambientes laborales donde la perspectiva de género aún no ha sido plenamente incorporada.
La igualdad sustantiva no se alcanza únicamente aumentando el número de mujeres en las corporaciones. Requiere transformar la cultura institucional mediante políticas de prevención del acoso y hostigamiento, procesos transparentes de promoción, condiciones laborales compatibles con la vida familiar, capacitación permanente en derechos humanos y perspectiva de género, así como mecanismos eficaces de denuncia que garanticen protección a quienes deciden alzar la voz.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Asimismo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano, obligan a las instituciones públicas a prevenir, atender y erradicar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres, incluyendo aquella que ocurre dentro de los espacios laborales.
Fortalecer los derechos de las mujeres policías no representa un beneficio exclusivo para ellas. Significa fortalecer a las instituciones, mejorar la confianza ciudadana y construir cuerpos de seguridad más profesionales, más humanos y cercanos a la sociedad.
La seguridad pública también comienza al interior de las corporaciones. Porque ninguna institución puede aspirar a garantizar plenamente los derechos de la ciudadanía si aún tiene pendientes los derechos de quienes portan el uniforme.
Las mujeres policías no buscan privilegios. Exigen lo que el Estado ya reconoce como un derecho: igualdad, respeto, oportunidades y una vida laboral libre de violencia. Hablar de ello no divide a las instituciones; las fortalece. Porque una corporación que protege a sus mujeres también protege mejor a la sociedad.
Reflexión:
La verdadera fortaleza de una corporación no se mide por el número de patrullas, el calibre de sus armas o la dureza de sus protocolos. Se mide por la dignidad con la que trata a quienes la integran.
Cuando una mujer policía puede desarrollar su carrera en un ambiente libre de violencia, con igualdad de oportunidades y con pleno respeto a sus derechos humanos, no solo gana ella; gana toda la institución y gana la sociedad.
Aún queda camino por recorrer, persisten inercias, prejuicios y estructuras que deben transformarse. Pero también existen mujeres extraordinarias que, con profesionalismo, disciplina y vocación de servicio, demuestran todos los días que el liderazgo no tiene género y que el uniforme representa compromiso, no privilegio.
Aspiro al día en que ninguna mujer policía tenga que elegir entre levantar la voz o conservar su tranquilidad laboral, al día en que el respeto no sea una conquista cotidiana, sino una garantía institucional.
Porque la igualdad no debilita la disciplina, la fortalece.
Porque la perspectiva de género no resta autoridad, la humaniza.
Y porque una institución que respeta a sus mujeres será siempre una institución más justa, más fuerte y cercana a la ciudadanía.






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