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Necesario, fortalecer la Fiscalía Especializada en Feminicidios: diputadas


Por: Redacción


En conmemoración del Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio en el estado de San Luis Potosí, las diputadas del Congreso del Estado presentaron un informe de actividades legislativas que se han desarrollado para la prevención de la violencia contra las mujeres y sanciones contra el delito de feminicidio.


La diputada Emma Saldaña Guerrero, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, manifestó que es importante atender el tema de la prevención de las violencias contra las mujeres, y brindar justicia a las familias en los casos de feminicidios.


“Tenemos ya hoy la Fiscalía Especializada en Feminicidios, y nos interesa fortalecer estos presupuestos para que pueda desarrollar estos trabajos y seguimos atentos para ver las cuestiones de prevención, hemos dado seguimiento a estos temas para que salga adelante este trabajo”.

Agregó que a propuesta de la Comisión de Igualdad de Género, se aprobó también recientemente la reforma a la Ley de la incorporación de esta comisión en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; además de trabajar en iniciativas en materia de reinserción y reeducación social del agresor y evitar que participen como candidatos a puestos de elección a los deudores alimentarios y quienes cuenten con sentencia por violencia contra las mujeres, entre otras propuestas en la materia.


Al respecto, la diputada Liliana Flores Almazán, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dijo que todos los integrantes de la LXIII Legislatura comparten una agenda en común que es trabajar a favor de las mujeres y buscar medidas de prevención de violencias, “reconociendo las cifras que a nivel nacional son alarmantes, y que debemos apostar por la prevención”.


La diputada Gabriela Martínez Lárraga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que se ha trabajado en diversas iniciativas, como la ampliación de penas para feminicidio, acoso sexual y violación; agravar las penas para quien cometa feminicidio cuando la víctima sea niña o adolescentes; reparación del daño a víctimas de violencia; así como el exhorto para mantener información sobre implementación y avance en la Alerta de Violencia de Género (AVG) en seis municipios del estado; reconocimiento de la violencia vicaria, y se buscará visitar las instalaciones de los Centros de Justicia para las Mujeres y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para conocer su trabajo.


Además, añadió que se buscará la protección por parte del Ayuntamiento de la capital, del Monumento a las Víctimas de Feminicidio que se ubica en Plaza de Armas, que fue parte de las acciones reconocidas en la sentencia del amparo en revisión 1284/2015 con relación al derecho a la justicia, verdad y reparación a las víctimas implicadas en el caso del feminicidio de Karla Pontigo, y que retoma los precedentes jurídicos existentes en materia de feminicidio de la sentencia del amparo en revisión 554/2013 (Caso Mariana Lima) y de los criterios internacionales reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras vs. México (“Campo algodonero”).


“Debemos generar agendas, con mesas de trabajo para hacer lo que se requiera con exhortos y lo que sea necesario para avanzar y donde los juzgadores tengan esa mayor sensibilidad, tenemos que seguir existiendo esa capacitación para atender las víctimas”.

La diputada Nadia Esmeralda Ochoa Limón, integrante de la Comisión de Justicia, precisó que a nivel nacional los casos de feminicidios se han incrementado en los últimos años, al pasar de 412 casos en el año 2015 a 951 en el año 2022, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.


“El Congreso del Estado ha armonizado la legislación respecto a las leyes federales, y buscamos ir más allá, como la reciente reforma donde aumentamos la pena en el delito de feminicidio cuando las víctimas sean niñas o adolescentes, y la iniciativa que planteamos para que quienes buscan ser candidatos no tengan sentencias por delitos de violencia contra las mujeres o sean deudores alimentarios”.

La licenciada Juana María Castillo Ortega, juez de control del Poder Judicial del Estado, indicó que es necesario que la AVG, como medida de prevención, insta al Poder Judicial a la capacitación continua y permanente.


“Que esta capacitación se refleje al momento de resolver en audiencias previas y juicios con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, infantes, personas con discapacidad, con sensibilización para que se refleje en el actuar de hombres y mujeres juzgadoras”.

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