Por: Marite Hernández Correa
El Relator Especial para la libertad de expresión y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 28 de enero del 2022, condenaron el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López en la ciudad de Tijuana, registrado como el tercer asesinato de periodistas en México.
Lo más importante en esa condena al Estado Mexicano, es que se le insta a que se investigue de forma pronta, seria e imparcial los hechos; a determinar la relación que podría tener con su labor periodística; y a reforzar los mecanismos de prevención y protección a las personas que ejercen el periodismo.
Ya la Relatoría Especial había señalado, que, si bien los Estados tienen la obligación permanente de prevenir violencias contra la prensa y proteger a periodistas en riesgo, este deber se acentúa en los casos en que las autoridades han tenido oportunidad de conocer un riesgo particular para las o los periodistas.
En el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México, del año 2018, así como los Relatores Especiales para la libertad de expresión de la ONU, advirtieron los retos más significativos para la liberta de expresión en el país: “el fortalecimiento de las instituciones nacionales responsables de cumplir las obligaciones estatales de protección de periodistas, y la implementación de un conjunto de estrategias urgentes, integrales y coherentes en materia de prevención, protección y rendición de cuentas”.
Es importante que el estado mexicano, y las instituciones estatales fortalezcan sus mecanismos de protección a periodistas de forma urgente. Así como la aplicación de los marcos legales e institucionales ya existentes, y lo más importante del tema que nos ocupa es la correlación de fuerzas de las y los periodistas y defensores de derechos humanos para enfrentar de manera organizada las violaciones a sus derechos humanos, así como ser solidarios y manifestar su repudio a tales agravios.
El Estado mexicano ha informado que trabaja en la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de Derechos humanos y periodistas, el cual estará fundamentado en una Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y comprenderá la formulación de un Modelo Nacional de Prevención, la creación de un Registro Nacional de Agresiones y un Protocolo Nacional de Protección.
Para la formulación del proyecto de Ley Nacional, el gobierno mexicano ha informado que inició una serie de diálogos regionales con la finalidad de que la sociedad civil, y en especial las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, cuenten con espacios plurales e incluyentes de participación.
Debe haber un consenso y que la autoridad tenga la sensibilidad política de saber escuchar a los y las interesadas, pues si no existe este acercamiento, que sabemos no hay igualdad de circunstancias, es deber de la autoridad escuchar sus sentires.
Sería bueno, saber en San Luis Potosí, cuáles son los avances en la materia y de qué manera se involucra a la sociedad civil, organizaciones de periodistas, así como la incorporación de las periodistas que tienen sus particularidades y necesidades por el hecho de ser mujeres.
La libertad de expresión, la libertad de información, son derechos humanos fundamentales para la construcción de una sociedad democrática.
Así mismo, es un pilar básico para que los ciudadanos formemos una conciencia crítica de nuestras realidades, para armar una postura frente a la vida, asumir un papel protagónico en los distintos espacios que nos desenvolvemos, y poder emitir una opinión que contenga elementos veraces y oportunos. Para poder ser partícipes actores y actrices de nuestros contextos cada vez más complejos.
Las vidas de los y las mujeres periodistas en México han estado y están en peligro. Cada vez que escuchamos un nuevo caso resulta doloroso y humillante ver como se pierden vidas de una de las profesiones que son brújula de la sociedad, en todos los ámbitos y contextos, políticos, sociales, económicos, culturales.
Ellos y ellas son las y los narradores de nuestro tiempo aciago y de injusticias, son los artesanos/os en la construcción de memorias escritas y visuales, que nos trasladan al reclamo, a la indignación, a la resistencia, a la exigencia de búsqueda de justicia.
Se dice, que su papel es fundamental para reconocer el avance de sociedades democráticas, plurales, incluyentes y transparentes.
Lo que se debe rechazar es la impunidad en los casos específicos de atentados, actos de violencias en contra de periodistas, pues estos son una grave violación al ejercicio de la libertad de expresión.
Se debe exhortar a los Estados a realizar investigaciones prontas, efectivas e imparciales, que den como mensaje publico el respeto a la libertad de expresión y a la vida y seguridad de todas y todos los periodistas.
Así mismo las investigaciones deberán tener un enfoque diferencial, pues cada asunto es distinto y cuenta con una complejidad y contextos en donde ocurrieron, es necesario visibilizar y actuar en consecuencia.
Además, resulta esencial que la investigación logre esclarecer no sólo la autoría material de los hechos sino también los autores intelectuales de estos ataques.
Lo más importante que debe garantizar el Estado es crear las condiciones para que los y las periodistas ejerzan la libertad de expresión sin temor, violencias y plena libertad.
Asimismo, será importante la organización del gremio para fomentar prácticas de solidaridad, formación y cuidados. Al mismo tiempo luchar por posicionar miradas críticas, incluyentes al servicio de la población y no de los grupos empresariales y defensa del status quo, que les permita ejercer de manera autónoma su loable labor, que contribuye a la construcción de nuestra democracia.
También será importante hacer un verdadero análisis de sus condiciones laborales y seguridad social, que les permita ser reconocidos en su labor y mejor remunerados y remuneradas
Así como exigir a la autoridad el acceso a la justicia, verdad y reparación de todos y cada uno de los casos en San Luis Potosí y en México.
Siempre valdrá la pena, traer a la memoria y reivindicar la vida de cada una y uno de los periodistas que han sido asesinados, asesinadas para recordar que no estamos de acuerdo con la impunidad y que esas vidas tienen historias y que sus familias y amigos y la sociedad toda necesitamos que todos y cada uno de los casos sean esclarecidos y se siga exigiendo la justicia y la verdad.
En el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México, del año 2018, así como los Relatores Especiales para la libertad de expresión de la ONU.
Pronunciamientos del Relator Especial para la libertad de expresión y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 28 de enero del 2022.
Bình luận